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La web www.jocprivat.com, especializada en el sector del juego, publica un amplio reportaje sobre el pasado Congreso del Juego de Castilla y León, celebrado en el mes de noviembre en la capital de la citada Comunidad.

El artículo destaca las principales ideas de la mesa redonda en la que participó Miguel Ángel Blanes, director de Axium Consulting, y que estuvo moderada por Fernando Prats.

Enlace.

En el marco del acuerdo suscrito entre Axium Consulting y FEJBA (Federación Empresarial de Juegos de Bingo y Azar) para la implantación de un programa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, se han llevado a cabo durante las últimas semanas una serie de sesiones de formación para empleados de las empresas que forman esta Asociación.

Esta formación es necesaria para los empleados con funciones decisorias dentro de las empresas y con el fin de que sepan identificar las actuaciones que puedan generar una alerta y saber canalizarlas para dar correcta comunicación a los órganos pertinentes.

El curso de esta semana en Madrid para las empresas de la comunidad (y de Andalucía) se une al dado la pasada semana en Barcelona y a los que se dieron a finales de 2015 tanto en León como en Murcia.

La Revista Profesional de la Industria del Juego en España, Joc Privat, publica hoy un artículo sobre las reflexiones de Miguel Ángel Blanes, director de Axium Consulting, en el marco del coloquio que tuvo lugar en el XII Congreso de Juego de Castilla y León el pasado martes.

El texto recoge las principales declaraciones de Miguel Ángel, tales como:

Miguel Ángel Blanes se expresó una vez más desde que ya no desempeña responsabilidades como regulador de Juego del Gobierno de la Región de Murcia con una gran sensibilidad en torno a determinados retos que afronta el conjunto del Juego Privado en su relación con las Comunidades Autónomas. En la presentación a su intervención Fernando Prats lo introdujo indicando que “Blanes ahora está en el lado oscuro”
como oposición al ‘otro lado’ que asumen los reguladores autonómicos.

 

El texto íntegro aquí.

 

La web especializada Sectordeljuego.com publica hoy un artículo analizando la primera mesa del Congreso que se está celebrando estos días en la ciudad de León en el marco del XII Congreso de Juego de Castilla y León.

Respecto a la presencia de Miguel Ángel Blanes, director de Axium Consulting, la noticia dice lo siguiente:

“Miguel Ángel Blanes, ex director de Tributos de la Región de Murcia, economista y consultor, fue claro. “La convergencia es inevitable”. Para Blanes “la confluencia de intereses entre presenciales y online” posibilita a los operadores físicos ser “más competitivos”. En un escenario no lejano habrá una oferta múltiple (presencial y digital) en locales de juego. “Por ejemplo, el bingo podrá contar con el bingo tradicional, Electrónico, INterconectado, máquinas B, apuestas y máquinas de juego estatal”. Según Blanes “un batiburrillo de oferta con legislaciones que pueden entrar en conflicto. Se puede hacer publicidad del online pero no del presencial”. Lo inteligente, y así lo manifestó, es “plantear legislaciones que no entren en conflicto en la concurrencia en un mismo local con gravámenes análogos”. También subrayó que el tipo impositivo de los bingos debe ser revisado, “no se soporta más tiempo”.”

La noticia completa aquí.

 

El próximo 25 de noviembre a las 17 horas, se celebrará en el Salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia una ponencia de Miguel Ángel Blanes Pascual, socio director de Axium Consulting, sobre “Las Comprobaciones de Valores. Aspectos legales y prácticos“.

 

La inscripción a la jornada se puede tramitar aquí.

Durante los días 16 y 17 de noviembre se celebrará en la capital leonesa el XII Congreso de Juego de Castilla y León, evento al que acuden cada edición fabricantes y empresas del sector, así como numerosas autoridades políticas de cada autonomía.

En esta edición, el Director de Axium Consulting, Miguel Ángel Blanes, acudirá a un coloquio sobre “Juego Presencial – Juego Onilne” (presentado y moderado por el Director General de Tributos y Juego de la Comunidad de Madrid, Fernando Prats). En esta mesa – debate, Miguel Ángel Blanes explicará su perspectiva de alguien que ha participado en el sector tanto en el ámbito privado como en el público.

El Congreso contará además con otras dos mesas sobre las apuestas y las máquinas.

 

Aquí el calendario entero.

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo sobre la fiscalidad de la sucesión de la
empresa familiar: nada nuevo bajo el sol.

De nuevo está el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en el centro de la actualidad fiscal en
la Región de Murcia. A la muy acertada modificación de la normativa autonómica en la Región de
Murcia a través del Decreto Ley 1/2015, de 6 de agosto, convalidado en la Asamblea Regional el
pasado 5 de septiembre, se suma ahora la noticia sobre una reciente Sentencia del Tribunal
Supremo que afecta a las sucesiones de empresas familiares, valorada en unos términos que
parecen excesivos respecto a la realidad de lo que se ha producido.

Los medios de comunicación han recogido la noticia con titulares muy llamativos, como por otra
parte es su obligación si quieren hacerla atractivo al lector, aún a costa de una cierta imprecisión.
Por ejemplo, Expansión titula:

“Varapalo del Supremo a la fiscalidad en la sucesión de la empresa familiar”

Y no, ciertamente no es así. El Supremo viene a sentar con carácter jurisprudencial un criterio
consolidado ya en buena parte de los Tribunales Superiores de Justicia, en la doctrina del Tribunal
Económico Administrativo Central, e incluso en los criterios previos que emanan de la Dirección
General de Tributos y, por tanto, en la actuación de las Administraciones responsables de la
gestión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Por tanto, nada nuevo bajo el sol.

Porque, veamos, ¿cuál es el problema real que condiciona a la sucesión de la empresa familiar de
este “nuevo” criterio?. Pues como casi todo lo que afecta al ámbito tributario, si se actúa de forma
prudente desde las empresas, prácticamente ninguno. Los riesgos fiscales aparecen cuando,
mediante la interposición de figuras societarias, se pretende aprovechar determinadas economías
de opción de difícil encaje legal con el fin de obtener una tributación efectiva menor. Si en las
empresas radican exclusivamente los activos estrictamente necesarios para el desarrollo de la
actividad, o incluso aquellos activos que, no siendo estrictamente necesarios en un momento
concreto, sí lo pueden ser en un futuro, siempre debidamente justificados (por ejemplo, mediante
un adecuado plan de inversiones), las empresas no tienen nada que temer: la tributación en la
sucesión de estas empresas seguirá respondiendo a la finalidad prevista en la reducción, que no
es otra que favorecer su tránsito generacional, pudiendo aplicar el beneficio fiscal en toda su
extensión.

En el supuesto de hecho de la Sentencia en cuestión, el activo de la empresa heredada incluía
una SICAV, e inversiones financieras temporales constituidas por acciones de un banco y dos
fondos de inversión de la misma entidad. Estos activos financieros suponían más del 50% del total
del activo de la empresa y, de acuerdo con la actividad que desarrollaba la misma, no se pudo
acreditar que estas inversiones financieras tuvieran afección directa al desarrollo de la actividad, ni
presente ni futura. Por tanto, el criterio que procede aplicar en estos supuestos es que el beneficio
fiscal previsto en la normativa se aplica sólo al porcentaje de los elementos afectos al desarrollo
de la actividad, y no a los no afectos. Pero, en todo caso, y sobre los elementos afectos, sigue
siendo posible aplicar el beneficio fiscal establecido en la norma. Que no ha desaparecido, como
se ha querido dar a entender. Se mantiene, haciendo suya el Tribunal Supremo la doctrina ya
existente.

Desde el año 2011, el Tribunal Económico Administrativo Central mantiene la tesis ahora
establecida como Doctrina Jurisprudencial, en el sentido de considerar que la reducción prevista
en la normativa debe aplicarse sobre el valor de las participaciones transmitidas, pero
considerando la limitación de la proporción en que los activos de la entidad cuyas participaciones
son transmitidas estén afectos a la actividad empresarial que desarrolle aquella. Criterio seguido
por buena parte de los Tribunales Superiores de Justicia, si bien es cierto que algún otro Tribunal
(por ejemplo, el de Madrid) mantenía la tesis contraria, de ahí que la Sentencia del Tribunal
Supremo, dictada sobre un recurso de casación por unificación de doctrina, clarifique y
homogeneice definitivamente los criterios que deben de aplicarse por esos tribunales respecto de
esta cuestión.

Incluso como recoge la propia Sentencia, la interpretación que se sostiene es la más conforme al
Derecho Comunitario, pues la Recomendación de la Comisión 94/1069/CE, de 7 de diciembre,
señala:

“Es conveniente garantizar la supervivencia de la empresa mediante un trato fiscal adecuado de la
sucesión y la donación. Con este fin, se invita a los Estados miembros a adoptar una o varias de
las medida siguientes:

a)Reducir, siempre que se prosiga de manera creíble la actividad de la empresa durante un
período mínimo, la carga fiscal que grava los activos estrictamente profesionales, en caso de
transmisión mediante donación o sucesión, incluidos los derechos de sucesión, donación y
registro.”

Interpretación la de esta Sentencia que se ciñe estrictamente a esta Recomendación, al aplicar los
beneficios fiscales a los bienes estrictamente profesionales, esto es, a los elementos afectos, en
los términos de nuestra normativa.

Por tanto, y como dijimos al principio, no hay nada nuevo bajo el sol. El criterio que ya se estaba
aplicando adquiere ahora confirmación jurisprudencial, cerrando el debate sobre esta
controvertida cuestión, lo que es de agradecer ya que aporta la máxima seguridad jurídica en un
aspecto muy relevante de la conveniente planificación de este tipo de operaciones sucesorias.

Miguel Ángel Blanes Pascual
Director de Axium Consulting

Hoy, 22 de julio, ha sido publicado en el portal digital Sector del Juego, un artículo de opinión realizado por Miguel Ángel Blanes sobre los nuevos retos de las empresas de juego por las nuevas corrientes políticas y la modificación del Código Penal.

 

Texto íntegro.

Con la entrada en vigor de la Reforma del Código Penal el próximo 1 de julio, está creciendo la inquietud entre las empresas por la responsabilidad penal que a partir de ahora tendrán por delitos cometidos en su nombre o por cuenta de estas.

La implantación de sistemas de prevención de delitos para que las empresas puedan ser eximidas de tener responsabilidad penal, se convierte en una necesidad con la nueva regulación.

Desde AXIUM CONSULTING estamos  prestando ya este servicio mediante la implantación de un completo plan de Compliance a través de nuestra empresa asociada Complying SL.

La noticia entera aquí.

UNA NUEVA SENTENCIA QUE VIENE A AGITAR (AUN MAS) EL PANORAMA DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES.

El Tribunal Constitucional ha resuelto en fecha 18 de marzo de 2015 la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, contra el artículo 12.bis a) de la Ley de la Generalitat Valenciana 13/1997, que permitía la aplicación de regímenes de deducción distintos, para los mismos hechos imponibles, a unos contribuyentes u otros en función de su residencia, resultando beneficiados de esta norma exclusivamente los residentes en la Comunidad Valenciana al poder aplicar las correspondientes deducciones autonómicas, que alcanzan el 99 por ciento de la cuota, frente a los residentes en el resto de España, que no podían hacerlo. Así, el Tribunal Constitucional declara que la regulación autonómica vulnera el artículo 14 de la Constitución Española, en cuanto al principio de igualdad, y el artículo 31.1, en cuanto a la obligatoriedad de establecer un sistema tributario justo.

Como ya anticipábamos en nuestro artículo de 8 de septiembre de 2014, era más que previsible que el Tribunal Constitucional acabara declarando inconstitucional la normativa valenciana. Era inconcebible que un mismo hecho imponible derivara en tratamientos tributarios tan dispares, en función de un elemento como la residencia, que según señala la Sentencia, carece de justificación razonable.

Sin embargo, procede aclarar que esto no supone que las diferencias de tributación entre Comunidades autónomas estén puestas en cuestión, de forma directa, por esta Sentencia. La competencia fiscal entre Comunidades Autónomas, que subyace entre los principios del Sistema de Financiación vigente, pueden incluso resultar deseable, ya que permite responsabilizar a los gobiernos autonómicos frente a sus ciudadanos de las decisiones de ingreso y gasto que adopten. Decisiones que se pueden adoptar, incluso, atendiendo a los planteamientos políticos de los distintos gobiernos, que pueden concretarse en ejercer la opción de incrementar la carga fiscal en los tributos directos en detrimento de los indirectos, o viceversa. Pero, insistimos, no es esto lo que se dirime en la Sentencia analizada, sino la diferencia de trato por el mismo hecho imponible en función de la residencia en un territorio.

En todo caso, como ya dijimos en su momento, y en la línea expresada por la Comisión Lagares, resulta imprescindible la revisión urgente del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, tanto en su formulación teórica como en su estructura, demanda que resulta mucho más acuciante en tanto que se siguen produciendo pronunciamientos jurisdiccionales que le afectan de forma tan relevante.

Siguiendo la doctrina consolidada de ese Tribunal, limita los efectos de la Sentencia a los actos administrativos que no hayan adquirido firmeza. Contrasta esta limitación temporal (que ha sido reiterada en varias Sentencias, entre otras la 54/2002, de 27 de febrero, la 365/2006, de 21 de diciembre, o la 161/2012, de 20 de septiembre, reseñadas en la propia Sentencia) con la doctrina que emana del Tribunal Superior de Justicia de la UE, en concreto la reciente sentencia sobre el denominado “céntimo santiario” que extiende los efectos en el tiempo de forma indefinida.

Por tanto, sólo los procedimientos administrativos y procesos judiciales que aún no hayan adquirido firmeza podrán ser objeto de reclamación a efectos de las devoluciones de ingresos indebidos que se hayan podido producir, sin descartar la posibilidad de que se pudiera iniciar un procedimiento de solicitud de indemnización derivada de la responsabilidad patrimonial del estado legislador, en este caso la Comunidad Autónoma, tanto si las liquidaciones hubieran ganado firmeza como si no, que puede ser planteada en el plazo máximo de un año a partir de la fecha de publicación de esta sentencia.