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Artículo escrito por Miguel Ángel Blanes Ortuño, Gerente de Axium Consulting.

Hoy, viernes 21 de Septiembre, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el Decreto 190/2018, que modifica el Reglamento de Apuestas de la Comunidad.

Las dos principales novedades son el bloqueo automático de los terminales de apuestas en salones y la posibilidad de solicitar una consulta de viabilidad del local, semejante a la que existe para los Salones de juego.

Completando lo anterior, se han producido las siguientes cambios reglamentarios:
Se produce la modificación del Artículo 9.2, suprimendo requisitos para empresas de apuestas como estar inscritas en la Sección 1ª del Registro General de Juego;  tener un domicilio fiscal o establecimiento permanente en la Comunidad y  tener inscrito el material de apuestas en la Sección 3ª del citado Registro.
También se modifica del Artículo 17.6, en el cuál se añaden las siguientes obligaciones:
–  Los Casinos, bingo y Salones tendrán servicio de admisión/recepción de paso obligado para acceder al córner de apuestas.

– Los terminales de apuestas tendrán que tener un sistema de bloqueo automático en los Salones de Juego, con el fin de impedir apostar a menores y prohibidos.

El Artículo 19, referente a los Locales específicos de apuestas, se sustituye entero. La nueva redacción establece los siguientes puntos:
1) El servicio de cafetería, no tendrá una superficie superior al 50% de la total.
2) Se podrá instalar un máximo de 3 máquinas B o multipuesto, sin que el total de puestos de jugador sea más de 3.
3) Tendrá que cumplirse el radio mínimo de 200 metros con otros locales de juego. Esta limitación no tendrá que cumplirse en las áreas de apuestas de instalaciones deportivas.
4) Se podrá formular una consulta previa de viabilidad del local. Se tendrá que adjuntar la siguiente documentación:
* Un plano del Local a escala 1/100.
 * Las Medidas de seguridad del mismo.
 * La Memoria descriptiva del local.
 * El Plano de situación del local, escala no superior a 1/2000 para demostrar que se cumple el radio de 200 metros requerido..
Esta contestación, sea en sentido positivo o negativo, será en 3 meses, no siendo una autorización, solo una valoración sobre su posibilidad.
5) Las solicitudes para la autorización incluirán los mismos documentos que para la consulta previa (si no se hubiera planteado ya) más un documento que acredite la disponibilidad del local y un modelo del rótulo a instalar.
6) Si la documentación fuera incompleta/defectuosa, se dará un plazo de 10 días, si no se dará por desistido.
7) La resolución de la autorización en 3 meses.
8)  Si la resolución fuera contraria, se indicarán medidas correctoras. Si no se adoptan en un mes se tendrá por desistido.
9) Si es favorable, en el plazo de 1 año se aportará:
 * Título habilitante para el ejercicio de la actividad.
 * Certificado técnico que constatará el final de las obras.
 * Justificante de la Fianza de 20.000€.
El plazo de 1 año sin presentar estos documentos supondrá la caducidad del procedimiento.
10) La Carm solicitará informe al Ayuntamiento sobre la fecha de inicio de efectos de los títulos de actividad. Se ordenará la inspección del local, las modificaciones necesarias en menos de un mes. Después una segunda inspección, si no se pasa, caduca el procedimiento.
11) Cumplidos los requisitos, se otorgará la autorización. El plazo de resolución es de 3 meses, con silencio estimatorio de la solicitud.
12) La autorización de funcionamiento, inscrita en el Registro General del Juego, irá vinculada a la autorización de apuestas, incluida la renovación. La renovación requerirá una declaración responsable del cumplimiento de los requisitos, con dos meses de antelación a la fecha de expiración.
13) La modificación de la autorización se SOLICITARÁ en caso de ampliación y de reforma en caso de cambio de configuración, ampliación/disminución de la superficie o de las condiciones de seguridad.
14) Se COMUNICARÁ previamente en caso de modificaciones no sustanciales o de suspensión de funcionamiento por menos de 30 días.

15) La autorización se extinguirá en caso de expiración de la vigencia; renuncia expresa; cancelación o caducidad de la inscripción de la empresa en el Registro General del Juego; o por revocación mediante resolución motivada (se pierdan condiciones, falsedad en la solicitud, se imponga como sanción, se acuerde por el órgano competente o esté cerrado más de 30 días sin previa autorización salvo fuerza mayor).

Por último, se modifica el Art 39, suprimiendo el apartado 2 que dice que ” Toda apuesta deberá formalizarse por múltiplos exactos de la unidad mínima de apuesta correspondiente y se considerará integrada por tantas apuestas unitarias como la cifra apostada contenga la unidad mínima.”

Con todo esto, queda modificado el Reglamento de Apuestas cuyos cambios entrarán en vigor en 20 días.

Artículo originalmente publicado en la revista digital SectordelJuego por Pedro Guirao, abogado de Axium Consulting.

A pesar de que son varios los delitos que pueden cometerse vinculados al Sector del Juego, la gran mayoría de ellos no dejan de ser tipos penales que pueden aparecer en mayor o menor medida en cualquier esfera empresarial, ello con una excepción; la previsión recogida en el artículo 286 quater en relación con el artículo 286 bis del Código Penal. En la concordancia de esos dos artículos aparece la única tipificación expresa en el ordenamiento penal español de una conducta que, por definición, únicamente puede ser cometida en la órbita del Sector del Juego; la corrupción en el deporte con la finalidad de influir en el desarrollo de juegos de azar o apuestas.

El delito se encuentra dentro de la Sección del Código Penal destinada a la corrupción en los negocios y castiga a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva y a los deportistas, árbitros o jueces respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva. A este respecto, las pruebas, encuentros o competiciones deportivas tendrán especial relevancia económica cuando la mayor parte de los participantes perciban cualquier tipo de retribución, compensación o ingreso económico por tomar parte de ellas, y poseerán especial relevancia deportiva cuando sean calificadas en el calendario deportivo anual aprobado por la federación deportiva correspondiente como competición oficial de la máxima categoría de la modalidad, especialidad o disciplina que se trate.

Es en el tipo agravado de esa conducta donde encontramos la conexión expresa con el Sector, pues el Código Penal le atribuye “especial gravedad” a los comportamientos descritos en el párrafo anterior cuando tengan como finalidad “influir en el desarrollo de juegos de azar o apuestas”. Cuando ello suceda, el legislador pide a los jueces la imposición de la pena prevista para esos delitos en su mitad superior o, incluso, superior en grado. Conviene tenerlo en cuenta en la medida en que la pena para el tipo básico es de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja.

Esta previsión se incorporó al Código Penal con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, por lo que hasta ese momento no existía ninguna precisión en la que se mentara de forma específica al Sector en nuestra norma penal.

La valoración de esta introducción no es negativa para el Sector, más bien al contrario, y es que el Derecho Penal no está únicamente para darnos sustos, sino también para protegernos. Con independencia de las objeciones técnicas que se puedan tener al respecto, lo cierto es que se trata de una herramienta que puede ser muy eficaz para proteger al Sector de los abusos que tradicionalmente han rodeado al mundo de las apuestas deportivas, de los que son notorios los casos más flagrantes de corrupción, que no solo han sido noticia en el Sector sino que han tenido un alcance más global, dada la importancia y relevancia social que tienen los eventos deportivos, como bien recuerda el Dictamen del Consejo de Estado nº 1404/2009, de 29 de octubre de 2009.

Además, el legislador no deja nada en el tintero, pues establece el delito como de simple actividad, lo cual quiere decir que no se exige el concreto resultado deportivo –por lo que la mera conducta corrupta es ya delictiva– y prevé también la posibilidad de que el delito sea también cometido por una persona jurídica, tal y como recogen los artículos 31 bis y 288 del Código Penal, lo que conlleva una serie de consecuencias que no deben escapárseles a las empresas en la órbita del Sector, en línea de lo que subrayé en esta misma página cuando hablé de los bingos y el delito de contrabando en los programas de compliance.

Hablando del legislador en ese artículo comentaba también que las necesidades de prevención de riesgos penales no se extendían al sector público. En línea con ello hay que subrayar con respecto a este delito que las conductas que sanciona pueden ser, en el plano fáctico, cometidas por personas y entidades que no pertenezcan al sector privado, pero debido a la configuración del tipo penal sus eventuales actuaciones quedarían fuera de la reacción penal creada, como también recuerda el Dictamen del Consejo de Estado antes referido.

Para terminar conviene hacer un poco de pedagogía con respecto a la confusión que habitualmente existe en relación con las conductas que abarcan estos llamados fraudes deportivos. Para ello hay que poner el acento en el verbo típico del delito, que no es otro que “predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta”, lo que nos indica que cuando se prime a alguien exigiéndole un mayor rendimiento no será de aplicación el delito, pues con esa prima ni se predetermina ni se altera el resultado de ninguna prueba o competición. Por la misma razón, tampoco lo será cuando lo que se haga sea premiar un resultado a posteriori. En consecuencia, el horizonte típico viene determinado por que se prime a alguien exhortándole a que se “deje ganar”, pues es esta conducta en verdad la que predetermina o altera fraudulentamente el resultado de cualquier competición, dado que el motivo de participar en ellas es – como no podía ser de otra manera– alzarse con la victoria.