Artículo originalmente escrito para SectorDelJuego
Que la situación de estancamiento política que vive España en estos momentos (aunque los cambios se suceden con una velocidad de vértigo, y lo que hoy es “no”, puede mutar en un “si” prácticamente sin solución de continuidad) afecta a todos los ámbitos de la actividad pública resulta incuestionable. La toma de decisiones políticas, que siempre supone un ejercicio de equilibrio entre distintos intereses, en esta situación se ven especialmente condicionadas por la incertidumbre que afecta a todo el entorno social, político y económico.
Y en especial cuando esta situación impide la formulación del instrumento básico para la política económica pública, que son los Presupuestos Generales del Estado. Presupuestos que, a su vez, impactan directamente en la formulación de los presupuestos autonómicos y las medidas de política fiscal que se adoptan en los ámbitos territoriales como complemento de las políticas presupuestarias. Los condiciona de tal manera que, en puridad, no podrían ni siquiera formularse, ya que falta la inicial aprobación del techo de gasto presupuestario, paso previo para la elaboración de los presupuestos, e incluso es cuestionable que puedan aprobarse por un gobierno en funciones que, por otra parte, tampoco parece que tenga excesivo interés en forzar las interpretaciones jurídicas que permitieran su elaboración.
Uno de los aspectos menos conocidos es, precisamente, el impacto que esta ausencia tiene sobre las arcas autonómicas. Y es que buena parte de la financiación de las CCAA depende de la aplicación del sistema de financiación autonómica, en forma de entregas a cuenta y liquidación del periodo anterior, que tienen su habilitación precisamente en los Presupuestos Generales del Estado.
Si no hay presupuestos generales, y en consecuencia se tienen que prorrogar automáticamente los presupuestos anteriores, va a ser difícil que se produzcan las necesarias y largamente aplazadas modificaciones de la financiación autonómica, por lo que la situación de estrechez de las finanzas regionales puede llevar a la tentación de incrementar los recursos que tienen a su alcance, sobre el que tienen capacidad normativa, como son los tributos propios y, sobre todo, los tributos cedidos, entre los que destacan, por las elevadas competencias normativas atribuidas a las CCAA, la Tasa Fiscal sobre el Juego. Tributo que, en manos de gobiernos con marcado sesgo populista, no supone ningún coste político, más bien al contrario, su corrección al alza.
En ese entorno, no es en absoluto descabellado pensar que alguna comunidad caiga en la tentación de subir los tipos de gravamen de estas actividades, como (presunto y erróneo) medio de incrementar los recursos disponibles para financiar sus políticas. O, como mal menor, que demoren para otro momento la adopción de medidas en el ámbito tributario que permita una convergencia fiscal entre los diversos subsectores del juego, y que corrijan algunas injusticias que arrastran algunos sectores, algunos de forma secular, como el caso comentado de forma reiterada del Bingo. Sería un grave error que daría al traste con la incipiente recuperación del sector y la consolidación de las nuevas iniciativas que se están adoptando.
Y si bien errar es propio de cualquier hombre, sólo es propio del ignorante perseverar en el error.
