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COMPLIANCE Y FONDOS EUROPEOS PARA LA RECUPERACIÓN: HACER DE LA NECESIDAD VIRTUD.

Hemos comentado en muchas ocasiones la necesidad, mucho más allá de la mera conveniencia, de que las empresas cuenten con una adecuada protección de los riesgos penales a los que se ven expuestas en el desarrollo de su actividad cotidiana, consecuencia de la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas introducida en nuestro Código Penal a través de las sucesivas reformas del mismo. Y su gran utilidad se ha puesto de manifiesto durante el periodo de introducción de las restricciones derivadas de la pandemia Covid-19, ya que estos sistemas han permitido limitar los riesgos que de estas restricciones se han derivado, como los riesgos informáticos derivados de la introducción del teletrabajo o los derivados de los derechos de los consumidores y su protección.

Al hilo de esta situación, se ha aprobado el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El correcto funcionamiento de estos mecanismos exige la adaptación de los procedimientos de gestión y el modelo de control por parte de las Administraciones Públicas gestoras de las ayudas, junto a la configuración y desarrollo de un Sistema de Gestión que facilite la tramitación eficaz de las solicitudes de desembolso a los Servicios de la Comisión Europea, conforme a los estándares requeridos, tanto desde el punto de vista formal como operativo. Para ello, el artículo 22 del citado Reglamento (UE) 2021/241 concreta la obligación de recabar, en un formato electrónico armonizado que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, información identificativa relativa al perceptor final de los fondos, así como de los contratistas y subcontratistas.

El BOE del 30 de septiembre de 2021 publica la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR), que concreta las directrices que garanticen el cumplimiento coordinado de los requerimientos establecidos por la normativa comunitaria para la ejecución del PRTR. En su artículo 2, que define los principios de gestión específicos del PRTR, de obligatoria consideración en la planificación y ejecución de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por lo tanto transversales en el conjunto del Plan, incluye, en la letra d) de dicho artículo, la obligación de considerar como principio específico el refuerzo de los mecanismos, establecidos ya o no, de los intervinientes en la ejecución del plan para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés. Es decir, y traducido a un lenguaje menos burocrático, que las empresa que opten a este tipo de mecanismos de ayuda deberán de disponer de un sistema de prevención de riesgos penales, un programa de Compliance, que permita minimizar los riesgos derivados de la ejecución del mismo.

El artículo 6 de la citada Orden HFP/1030/2021 desarrolla lo que entiende como refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. Toda entidad, decisora o ejecutora, así como los perceptores de fondos, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

Se configuran como actuaciones obligatorias para los órganos gestores, la evaluación de riesgo de fraude, la cumplimentación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) y la disponibilidad de un procedimiento para abordar conflictos de intereses. La elección de las medidas de prevención y detección se deja a juicio de la entidad que asuma la responsabilidad de gestión, atendiendo a sus características específicas y siempre teniendo en cuenta la necesidad de garantizar una conveniente protección de los intereses de la Unión.

El Plan de medidas antifraude deberá cumplir los siguientes requerimientos mínimos:

- Estructurar las medidas antifraude de manera proporcionada y en torno a los cuatro elementos clave del denominado «ciclo antifraude»: prevención, detección, corrección y persecución. Es decir, un circuito análogo al que se debe de establecer en un programa de Compliance.

- Prever la realización, por la entidad de que se trate, de una evaluación del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de fraude en los procesos clave de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su revisión periódica, bienal o anual según el riesgo de fraude y, en todo caso, cuando se haya detectado algún caso de fraude o haya cambios significativos en los procedimientos o en el personal. Previsión que coincide con el Plan de Auditorías que el programa de Compliance debe de incorporar necesariamente, tanto internas (obligatorias), como, en su caso, externas (a lo que obliga, entre otras instituciones, LaLiga, como ya tuvimos oportunidad de exponer en otro post).

- Definir medidas preventivas adecuadas y proporcionadas, ajustadas a las situaciones concretas, para reducir el riesgo residual de fraude a un nivel aceptable, y establecer medidas de detección ajustadas a las señales de alerta, definiendo el procedimiento para su aplicación efectiva.

- Definir las medidas correctivas pertinentes cuando se detecta un caso sospechoso de fraude, con mecanismos claros de comunicación de las sospechas de fraude, y Eestablecer procesos adecuados para el seguimiento de los casos sospechosos de fraude y la correspondiente recuperación de los Fondos de la UE gastados fraudulentamente.

- Definir procedimientos de seguimiento para revisar los procesos, procedimientos y controles relacionados con el fraude efectivo o potencial, que se transmiten a la correspondiente revisión de la evaluación del riesgo de fraude.

- Específicamente, definir procedimientos relativos a la prevención y corrección de situaciones de conflictos de interés, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Financiero de la UE.

Para dar cumplimiento al contenido de este Plan de Medidas antifraude, la Orden incorpora una serie de Anexos donde la entidad correspondiente debe de identificar los riesgos a los que se puede enfrentar, los planes de contingencia establecidos, la inexistencia de conflictos de intereses y cláusulas anticorrupción (cláusulas “Anti Bribery” del derecho anglosajón), declaraciones que no dejan de ser una síntesis de los programas de Compliance adoptados.

En el supuesto de que se detecte un posible fraude, o su sospecha fundada, la entidad correspondiente deberá suspender inmediatamente el procedimiento; iniciar una información reservada para depurar responsabilidades o incoar un expediente disciplinario; notificar tal circunstancia en el más breve plazo posible a las autoridades interesadas y a los organismos implicados en la realización de las actuaciones y revisar todos aquellos proyectos, subproyectos o líneas de acción que hayan podido estar expuestos al mismo, comunicando los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad decisora, o a la entidad ejecutora;  y denunciar, si fuese el caso, los hechos a las Autoridades Públicas competentes, incluido, en su caso, el Ministerio Fiscal.

En resumen: las empresas que pretendan participar en los procesos de adjudicación de fondos del PRTR deben de disponer, imperativamente, de programas de Compliance suficientemente solventes y adaptados a las exigencias de la normativa nacional (artículo 31 bis del Código Penal) para poder acceder a estas ayudas. El Compliance deja de ser un importante  mecanismo de prevención para convertirse en una obligación para acceder a los fondos de recuperación, tan necesarios en la situación actual.

En Senex, Consejos de Buen Gobierno, ponemos a disposición de las empresas un equipo experimentado y solvente para la implantación de este tipo de programas, como parte de la gestión de los fondos, como acredita nuestra larga experiencia en este campo y el importante número de empresas a las que hemos ayudado a implantar estos modelos. Es el momento.

Miguel Angel Blanes Pascual

Socio – Director del Area de Compliance
Senex, Consejos de Buen Gobierno, SL

Miguel Ángel Blanes Pascual – Socio y director de Axium Consulting

Como es conocido, la reforma del Código Penal del año 2010 introdujo, por primera vez en España, la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Su regulación aparece en el artículo 31 bis del Código Penal, sobre el que se han escrito ya muchos artículos doctrinales que orientan sobre las consecuencias de esta nueva figura. Esta reforma del Código Penal tuvo su continuidad en la reforma de 2015, que mantiene la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero establece como eximente la adopción de modelos de organización y gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

Esta nueva figura de responsabilidad afecta a todas las personas jurídicas, que en mayor o menor medida están expuestas a los distintos delitos que elartículo 31 bis del Código Penal les atribuye la responsabilidad penal por su comisión. Por ello, y reiterando la imperativa recomendación que todos los actores trasladan, desde Jueces y Magistrados hasta los profesionales que trabajan con las empresas, resulta imprescindible que las empresas se doten de los mecanismos de protección de la responsabilidad penal que el propio Código Penal articula, como son los modelos antes citados de Compliance. En SENEX, CONSEJOS DE BUEN GOBIERNO, SL, hemos implantado más de 150 modelos de cumplimiento normativo en muchos ámbitos de actividad, por lo que tenemos una visión clara de la necesidad, más que la conveniencia, de disponer de estos modelos, ya que está en juego la propia supervivencia de la empresa.

Entre los sectores que hemos trabajado estos modelos, queremos referirnos, en esta ocasión, a los clubes de fútbol profesionales, encuadrados en LaLiga, que son los clubs de Primera y Segunda división (Liga Santander y SmartBank respectivamente). Pero lo hemos trabajado desde otra perspectiva, ya que no hemos implantado el modelo, si no que hemos auditado el funcionamiento eficaz de los modelos adoptados por los clubs. Hemos realizado varias auditorías de clubs profesionales y podemos afirmar, con pleno conocimiento de causa, que los clubs tienen unos modelos serios, solventes y rigurosos que permiten hacer frente a las posibles responsabilidades penales a las que están expuestos con garantías. Son conocidos algunos casos que han afectado a clubs de gran relevancia, precisamente por la presunta comisión de delitos de los indicados en el citado artículo 31 bis; en concreto, quizás el más conocido sea el caso del procesamiento del FC Barcelona por parte de la Audiencia Nacional por los delitos de estafa y corrupción entre particulares con motivo del fichaje Neymar cuando jugaba en el Santos brasileño en 2011, por lo que la adopción de estos modelos son piedra angular del gran esfuerzo realizado por LaLiga para asegurar la transparencia de sus eventos.

LaLiga, como órgano competente para velar por la integridad de las competiciones que organiza, es muy exigente en la prevención de los riesgos penales de los clubs que forman parte de la misma. No sólo exige que tengan un programa de cumplimiento normativo, sino que este modelo esté auditado en su eficacia. En este sentido, el artículo 55.19 de los Estatutos de LaLiga establece entre los requisitos para la inscripción de los clubs en las competiciones organizadas bajo su mandato, la presentación de un “Informe de Auditoría de tercero experto independiente”, que refrende la efectiva implantación de los citados modelos de organización y gestión, y su funcionamiento eficaz, lo que permite contribuir a perfeccionamiento continuo del modelo y asegurar la adecuación de su planteamiento, no sólo desde la perspectiva teórica, sino también de su efectividad. Esto contribuye de forma decisiva a garantizar la buena dirección y el control del modelo implantado.

En esta línea, y como dijimos antes, en SENEX hemos realizado varias auditorías a clubs de LaLiga, encuadrados en la Primera División, siendo seleccionados en razón de nuestra experiencia en la implantación de estos modelos. Estas auditorías se enmarcan en la necesidad de dar cumplimiento a lo previsto en el punto sexto del apartado quinto del artículo 31 bis del Código Penal, que impone la obligación de realizar una verificación periódica de los Modelos de Prevención de Riesgos Penales y, en su caso, llevar a cabo las modificaciones que sean necesarias. Estas auditorías constituyen, por tanto, una revisión del Modelo de Prevención de Riesgos Penales implantado, que a su vez resultará útil para completar la labor de monitorización del modelo que viene impuesta por nuestro ordenamiento jurídico proponiendo, en su caso, las mejoras al modelo que se consideren oportunas.

La revisión del Modelo de Prevención de Riesgos Penales la hemos efectuado no sólo teniendo en cuenta lo previsto en el Código Penal, sino también lo previsto en las Circulares de la Fiscalía General del Estado 1/2015 y 1/2016, en la doctrina jurisprudencial, así como en las normas UNE 19011 y UNE 19601 — que por su parte imponen la realización de revisiones de los modelos implantados, así como su constante monitorización y la comprobación de su eficacia, con el fin de adaptar dichos modelos a las circunstancias existentes en cada momento. No obstante, y en las últimas auditorías realizadas, las anteriores normas ISO han sido sustituidas por la norma UNE – ISO 37301, Sistemas de Gestión del Compliance de reciente aprobación. Por tanto, hemos adaptado la revisión de los modelos al nuevo marco normativo derivado de la norma recientemente aprobada.

En resumen, de nuestra experiencia en el análisis de los modelos de prevención de riesgos penales implantados en los clubs de fútbol profesionales que participan en las competiciones organizadas por LaLiga, podemos afirmar, sin ningún género de dudas, que los clubs han implantado modelos bien desarrollados y con un seguimiento efectivo de las incidencias, lo que contribuye de forma decisiva a garantizar que la competición es segura y sobre todo íntegra.

14/09/2021 – 

Enlaces originales: Valenciaplaza; Murciaplaza;

El mundo del fútbol español ha entrado en una revolución provocada por el dineral que ha puesto sobre la mesa -con condiciones eso sí- la gestora británica de capital riesgo CVC Capital Partners. Un auténtico rescate en toda regla formalizado entre LaLiga y una de las firmas de ‘private equity’ más relevantes del panorama mundial, tal y como contó este diario el pasado 5 de agosto.

El fútbol español atravesaba por graves problemas, sin duda provocado por un endeudamiento desorbitado, pero sin embargo haciendo bien los deberes en lo que a prevención de riesgos penales se refiere. Algo de suma importancia para evitar casos como el procesamiento del FC Barcelona por la Audiencia Nacional por delitos de estafa y corrupción entre particulares, con motivo del fichaje de Neymar cuando éste jugaba en el Santos brasileño allá por 2011.

La importancia del ‘compliance’ en el fútbol, su correcta implantación, los riesgos de no aplicarlo… estas y otras cuestiones planteó Plaza a Miguel Ángel Blanes, ex director general de Tributos y Juego, ex secretario general de la Consejería de Economía y Hacienda de la Región de Murcia y actualmente director del Àrea de ‘Compliance’ de Senex. Se trata de la ‘joint venture’ formalizada hace tres años entre la valenciana Finest Portfolio Ideas -fundada por Rafael Carrau y Vicente Carpio-, y la murciana Axium, que puso en marcha Blanes.

-En estos tiempos donde los clubes de fútbol españoles tienen -en líneas generales- el endeudamiento por bandera, ¿qué importancia tiene la figura del ‘compliance’ o prevención de riesgos penales?
-Siempre es importante disponer de un sistema de prevención de riesgos penales -lo que llamamos ‘compliance’-, no sólo en los momentos de endeudamiento. Los riesgos nos son sólo derivados de esa situación financiera, que puede ser transitoria, sino de la propia evolución de la actividad. Pensemos que, en los casos más mediáticos en los que se han visto envueltos clubs de fútbol, las imputaciones han sido por los delitos de estafa y corrupción entre particulares. Pero hay más delitos a los que están expuestos. De forma que sólo una cultura de prevención de estos riesgos penales, que deriva en la implantación del correspondiente programa, puede mitigar esta exposición hasta hacerla irrelevante.

-Ahora que la gestora británica de capital riesgo CVC ha entrado en el fútbol español inyectando cerca de 3.000 millones de euros, ¿sería un buen momento para que los clubes tuvieran en cuenta el ‘compliance’?
-LaLiga, como órgano encargado de la organización de las competiciones profesionales del fútbol en España, es extremadamente estricta a la hora de exigir estos programas. De hecho, su existencia, y la demostración de que son sistemas vigentes y eficaces, se han convertido en requisitos indispensables para la inscripción en sus competiciones. LaLiga se toma muy en serio la cultura de prevención de riesgos penales para asegurar la limpieza e integridad de las mismas, en beneficio de todos los integrantes: clubs y sus accionista, deportistas, aficionados…


-¿Y hasta qué punto su implementación afectaría -por aquello de la transparencia- a los llamados ‘equipos-estado’ como el PSG donde Qatar está detrás inyectándole miles de millones de euros?
-‘Compliance’ y transparencia son procedimientos complementarios, aunque no se sustituyen. El eventual incumplimiento llamado ‘fair play’ financiero no es, en sí mismo, un delito de los identificados como riesgos penales de los clubs, aunque pueda condicionar su participación en las competiciones oficiales, pero no deriva en responsabilidades penales. Por eso nos gusta hablar de cultura de cumplimiento, como parte de un buen gobierno corporativo, más que de un programa estricto de prevención de los riesgos delitos tipificados en el Código Penal y susceptibles ser cometidos por personas jurídicas.

-¿Qué riesgos evita el ‘compliance’ en el mundo del fútbol?
-De acuerdo con nuestra experiencia, y con las auditorías que hemos realizado, los clubs de fútbol profesional, como cualquier otra empresa, están expuestos a  casi todos los riesgos penales que se les pueda imputar como persona jurídica. Aunque son los delitos con base económica (estafas, cohecho, corrupción…), a los que están más expuestos . Pero estar expuesto a un delito no quiere decir que éste se vaya a cometer. Para eso está la cultura del cumplimiento y los programas bien implantados, ejecutados y mantenidos de ‘compliance’, para asegurar que, pese a la exposición, el riesgo de comisión del delito es mínimo.

-¿Podemos decir que instaurar esta figura es garantizar una competición segura e íntegra?
-Desde nuestra experiencia, podemos asegurar que la cultura del cumplimiento normativo es muy elevada tanto por parte de los clubs como de la propia Liga de Fútbol Profesional. En lo normativo, esta figura y su exigencia es una garantía de primer nivel para la integridad de la competición.

-El artículo 55.19 de los estatutos de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) habla sobre la necesidad de implantar dicha figura, ¿siguen habiendo clubes reticentes a llevarlo a cabo?
-No, porque se ha convertido en un requisito indispensable para la inscripción en la competición. De forma que su no adopción implica automáticamente la exclusión de las estructuras que permiten participar.

Miguel Ángel Blanes (i.), Vicente Carpio (c.) y Rafael Carrau, en Valencia Plaza

-¿Tal vez el caso más sonado es el de Neymar cuando jugaba en el FC Barcelona, club que fue procesado en la Audiencia Nacional por delitos de estafa y corrupción entre particulares con motivo del fichaje del delantero cuando pertenecía al Santos brasileño en 2011?
-Sin duda. Por la trascendencia del club imputado, por la relevancia del jugador y por la gravedad de los delitos por lo que ha sido procesado el FC Barcelona, es el caso más relevante, y ha venido a demostrar el acierto de LaLiga en exigir como condición definitiva para participar en sus competiciones el hecho de disponer de estos programas de prevención.

-Nos consta que Senex ha realizado varias auditorías a clubes de Primera División, ¿qué nos puede contar al respecto?
-En las auditorías que hemos realizado, hemos verificado el alto nivel de cultura del cumplimiento normativo y los altos estándares de integridad de los clubs auditados, que entiendo será extensible al resto de clubs participantes. LaLiga se toma muy en serio, como dijimos antes, esta obligación, y los clubs lo han asumido plenamente. Entre ambos han acertado en implementar un modelo muy eficaz y que se mantiene permanentemente actualizado, por lo que podemos asegurar que los clubs son extremadamente cuidadosos en la prevención de los riesgos penales a los que están expuestos.

-Por último, ¿qué aporta Senex en materia de ‘compliance’?
-En Senex abordamos la problemática de la responsabilidad penal desde una perspectiva multidisciplinar, lo que nos permite acotar adecuadamente los problemas reales de las empresas. Nuestras implantaciones suponen  diseños completos y a medida (‘llave en mano’), basadas en el conocimiento directo de la empresa. Y, muy especialmente, porque podemos seguir al lado del cliente tras la implantación, prestando servicios de ‘compliance’ externo, de asistencia jurídica, de canal de denuncia…

Ayer tuvo lugar un webinar organizado por #FEJBA, en la que tuve la oportunidad de exponer las modificaciones que afectan a las empresas de juego derivadas de la nuevas obligaciones introducidas por la Ley 11/2021 de 9 de julio, de lucha contra el fraude fiscal. La revista Sector del Juego hace una valoración muy positiva de la exposición realizada, que tuvo una audiencia muy relevante, y un debate muy interesante sobre las medidas más importantes.

El enlace a la noticia, aquí:

http://www.sectordeljuego.com/noticia.php?id=110636

#Senex #Axium #Fejba #juego

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ha creado la figura del Delegado de Protección de Datos, que constituye un garante del cumplimiento de la normativa de protección de datos en las organizaciones. El delegado de protección de datos es un especialista en protección de datos que será designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos especializados del Derecho y la práctica en materia de protección de datos y a su capacidad para desempeñar sus funciones.

Así, esta figura constituye una de las piezas clave del RGPD/LOPD y un garante del cumplimiento de la normativa de protección de datos en las organizaciones, aunque la responsabilidad sobre este cumplimiento recae siempre sobre el responsable o encargado.

El RGPD y la nueva LOPD disponen que serán los responsables y encargados del tratamiento quienes deberán asignar un Delegado de Protección de Datos y enumeran los casos que debe designarse un DPO, entre los que destacamos:
a) Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación, así como las Universidades públicas y privadas.
b) Las entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas conforme a lo dispuesto en su legislación específica, cuando traten habitual y sistemáticamente datos personales a gran escala.
c) Los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando elaboren a gran escala perfiles de los usuarios del servicio.
d) Los establecimientos financieros de crédito.
e) Las empresas de servicios de inversión, reguladas por la legislación del Mercado de Valores.
f) Las entidades que desarrollen actividades de publicidad y prospección comercial, incluyendo las de investigación comercial y de mercados, cuando lleven a cabo tratamientos basados en las preferencias de los afectados o realicen actividades que impliquen la elaboración de perfiles de los mismos.
g) Los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes, aunque se exceptúan los profesionales de la salud que, aun estando legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes, ejerzan su actividad a título individual.
h) Las entidades que tengan como uno de sus objetos la emisión de informes comerciales que puedan referirse a personas físicas.
i) Los operadores que desarrollen la actividad de juego a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, conforme a la normativa de regulación del juego.
j) Las empresas de seguridad privada.

El responsable y encargado del tratamiento –públicos o privados-, se ven obligados a garantizar la independencia del DPD, pues se ven obligados a designar a este sujeto en los supuestos previstos en los Reglamentos, Normativa Europea o Normativa Nacional o cuando fuere elegido de forma voluntaria.

A este respecto, hay que señalar que la independencia del DPD, que se entiende como autonomía para el desempeño de funciones, es una de las garantías básicas que establece el RGPD y que tienen que asegurar quienes lo designen. Esta autonomía debe entenderse como una garantía frente a posibles injerencias en el desarrollo de sus funciones, y está relacionada estrechamente con el requisito de evitar el conflicto de intereses para así asegurar el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

Cualquier tipo de insuficiencia en el desarrollo de las funciones del DPO implicaría vulnerar su estatuto jurídico pudiendo llegar, incluso, a vulnerar el derecho fundamental a la protección de datos personales. Por ejemplo, un error sería no proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo de sus funciones.

El DPO no puede ser alguien que esté en una posición de toma de decisiones o que influya en las decisiones relativas al tratamiento de datos personales, es decir, los medios y fines del tratamiento, dada su posición en la organización, tales como el propietario o presidente de la misma, el responsable de ficheros, el responsable del servicio médico, el responsable de recursos humanos, el responsable de marketing, el responsable de áreas de tecnología de la información, o cualquier otro puesto que desempeñe una función o tenga una posición que implique intervenir en la determinación de dichos fines y medios del tratamiento.

La normativa antes indicada establece expresamente que el delegado de protección de datos será designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos especializados del Derecho y la práctica en materia de protección de datos; a estos efectos, por conocimientos especializados, debe entenderse el resultado de una formación homologada, evitando el desarrollo de ciertas prácticas que pudieran ocasionar una falta de protección de datos, debido al desconocimiento de su mercado. Estos conocimientos deben ser los necesarios para identificar los riesgos asociados a las operaciones de tratamiento, teniendo en cuenta la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, y puede ser tanto una persona de la organización como, y muy especialmente, un profesional externo con formación debidamente homologada.

El DPD debe de formar parte de todos los análisis, debates o discusiones que tengan como materia directa o indirecta en tratamiento de datos personales en el seno de la organización. En el ejercicio de sus funciones, el DPD deberá reportar al consejo de administración u órgano equivalente de la organización, lo que requiere una línea de reporte funcional claramente identificada.

En Senex, Consejos de Buen Gobierno, contamos con certificación homologada por la ANF, Autoridad de Certificación, de acuerdo con el Esquema de la Agencia Española de Protección de Datos, por lo que podemos prestar el servicio de Delegado de Protección de Datos externo acreditando los conocimientos especializados que la normativa requiere.

Miguel Angel Blanes Pascual Socio – Director del Area de Compliance Senex, Consejos de Buen Gobierno, SL

La AEPD ha promovido un esquema de certificación como Delegado de Protección de Datos (DPD) para que lo responsables del tratamiento puedan seleccionar profesionales cuyas competencias hayan sido certificadas por entidades acreditadas por ENAC.
El esquema de certificación de #DPD es un sistema que permite certificar que los DPD reúnen la cualificación profesional y los conocimientos requeridos para ejercer la profesión. Las certificaciones se otorgan por entidades certificadoras acreditadas por ENAC.
Aunque esta certificación no es obligatoria y se puede ejercer la profesión de DPD sin estar certificado, la AEPD ha considerado necesario ofrecer un punto de referencia al mercado sobre los conocimientos y elementos de un mecanismo de certificación que pueda servir como garantía para acreditar la cualificación y capacidad profesional de los candidatos a DPD.
Pues bien, para poder prestar estos servicios con todas las garantías que establece la AEPD, acabamos de obtener la certificación como Delegado de Protección de Datos por el INEAF Business School, acreditado por la autoridad de certificación ANF. Con esto, ampliamos los servicios que podemos prestar desde #Senex y #Axium en materia de Protección de Datos, reforzando esta parcela tan importante para las empresas, pero a la que no se le está prestando aún la suficiente atención, a pesar de la importancia de su implantación y las fuertes sanciones económicas derivadas de su incumplimiento.

Con la entrada en vigor del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales la Protección de Datos de carácter personal entró en una nueva era en nuestro país.

La obligación de establecer un Registro de actividades del tratamiento, sustituyendo el anterior modelo de inscripción de ficheros, hace que las empresas tengan que tener en todo momento controlado el movimiento de información.

Aquí entra en juego la capacidad de los programas implementados en las empresas de adaptarse a los cambios que se vayan produciendo en la gestión de los datos. Y para que exista una adaptación eficiente y completa estos programas deben estar lo más estructurados posibles, dejando siempre espacio para la improvisación de determinados protocolos o actuaciones por circunstancias extraordinarias, como hemos podido ver en estos tiempos de la Crisis del Covid19.

Para que exista esta estructuración nosotros optamos por el modelo del Check List, que nos ayuda a articular su implantación y facilita que al cliente no le cueste ningún esfuerzo seguir los hitos de la implementación y seguimiento del Programa.

Este Check List nos ayuda a guiarnos en la generación de la documentación escrita para el cliente basándonos siempre en el Registro de Actividades.

Con esta fórmula, y tomando como inicio el Registro de Actividades, podemos trazar 3 tipos de documentos:

  1. Documentos de trabajo y desarrollo.
    En los documentos de trabajo y desarrollo englobamos todos aquellos textos requeridos por la normativa vigente, como el Análisis de riesgo de los datos o la Evaluación de encargados del tratamiento.
  2. Documentos para el día a día de las empresas.
    Aquí generaríamos todas las cláusulas, escritos y circulares de información necesarias para actualizar e informar a todos los interesados de la protección de sus datos de carácter personal.
  3. Protocolos.
    Incluimos las medidas de seguridad o la notificación de quiebras de seguridad.

Especial atención merece la formación del personal en la Protección de Datos. Al final, cuando implementas un Programa en una empresa, y aunque estés siempre disponible para la resolución de dudas o problemas que puedan surgir, la empresa tiene que interiorizar la cultura del cumplimiento, en este caso del cumplimiento en la normativa de la Protección de Datos. Sobre todo en aquellas empresas que basan sus actuaciones en interacciones como clientes, el personal tiene que estar plenamente integrado en el Programa.

Esta estructura que nos proporciona el Check List es perfecta para nuestro modelo de implementación de Programas Llave en Mano.

Además de la estructura, es de vital importancia la actualización de los Programas. No vale con generar la documentación mínima para que esté guardada en un armario o una carpeta del escritorio.

Aquí entra de nuevo la exigencia de la normativa, que en el caso concreto de la Protección de Datos exige una continua revisión del Registro de Actividades, cada vez que se produzca un cambio en el tratamiento de los datos.

La presencia del Delegado de Protección de Datos (DPD), obligatorio en los casos que establecen el RGPD que van desde operadores de juego online a notarías, se complementa con la asistencia de empresas especializadas que sirven de soporte al DPD.

El calendario de renovación de documentos, con actas de cada reunión, es recomendable establecerlo de manera ordinaria cada, como mínimo, semestre. En estas reuniones se pueden analizar los cambios en el tratamiento de la información, el funcionamiento de los protocolos o la extensión de la formación de los empleados.

La celebración de reuniones extraordinarias tiene que estar contemplada para aquellos supuesto donde se produzcan hechos que precisen medidas inmediatas.

La planificación minuciosa tanto de la implementación del Programa como de su actualización, tiene que integrarse lo máximo posible en el funcionamiento habitual de la empresa, siendo recomendable su integración en los Órganos de Cumplimiento de la empresa o Compliance Officer.

Miguel Ángel Blanes Ortuño
Responsable Área Protección de Datos
Sénex Consejos de Buen Gobierno

La revista especializada Sector del Juego recoge las declaraciones al digital Murciaplaza sobre la situación actual producida por la crisis del Coronavirus en el juego privado.

https://sectordeljuego.com/noticia.php?id=104697

El Tribunal Supremo mediante sentencia de 6 de febrero de 2020, ha desestimado un recurso en el que entre otros argumentos, se pretendía la inexistencia de “engaño suficiente” en el realizado a una empresa, porque ésta, la engañada, no disponía de un adecuado sistema de Compliance. Si bien la sentencia desestima el recurso, al considerar que en los hechos enjuiciados se había producido engaño suficiente, sobre todo porque ese había contado con la colaboración activa de los empleados de la empresa estafada que, precisamente, tenían la función de controlar que no fuese engañada la empresa, realiza de pasada interesantes afirmaciones en favor de la implantación de sistemas de “Compliance” en las empresas.

La sentencia afirma que “una cosa es que la empresa española esté adoptando programas de compliance, cada vez más, con estos mecanismos de vigilancia, y otra bien distinta es que sea el autor de un delito de estafa quien marque los parámetros y medidas que debe adoptar la empresa para protegerse, y que si no se hace en una elevada graduación de autotutela quedará exonerado el autor del ilícito penal, lo que, obviamente, no puede admitirse.”

Pero al mismo tiempo afirma “es básico en la empresa la existencia del debido control interno en éstas, mediante la técnica anglosajona del compliance como conjunto de normas de carácter interno, establecidas en la empresa a iniciativa del órgano de administración, con la finalidad de implementar en ella un modelo de organización y gestión eficaz e idóneo que le permita mitigar el riesgo de la comisión de delitos y exonerar a la empresa y, en su caso, al órgano de administración, de la responsabilidad penal de los delitos cometidos por sus directivos y empleados.”

Para a continuación afirmar que “en este caso la delincuencia lo ha sido hacia la propia empresa (ad intra) en la que trabajaban los condenados en colaboración con empresas que con ellos se relacionaban, pero la circunstancia de la inexistencia de una medida de “autoprotección” de la empresa con el programa de cumplimiento normativo, no puede conllevar más que un propio error interno de la empresa que no ha seguido las recomendaciones que al respecto se están haciendo de implementar estos programas para aplicar la cultura del cumplimiento del derecho en la empresa y de las buenas prácticas que eviten la actividad delictiva tanto hacia dentro como hacia afuera.”

Destaca así el Tribunal Supremo que un sistema de Compliance no solamente sirve para liberar a las empresas de la responsabilidad de delitos cometidos contra terceros por empleados y directivos de la empresa, sino también para detectar delitos que se cometen contra la propia empresa, reduciendo con ello los perjuicios que se le puedan causar. Esto es, los sistemas de Compliance no sólo aportan un valor exculpatorio, sino un valor preventivo de perjuicios a la propia empresa que puede ser muy interesante para ella.

Afirma la sentencia que “De haber existido un adecuado programa de cumplimiento normativo, casos como el aquí ocurrido se darían con mayor dificultad, ya que en la mayoría de los supuestos, el conocimiento de actividades, como las aquí declaradas probadas de estafa por los propios empleados a su empresa, cobrando comisiones de terceros, pese perjudicar a su propia empresa, y para beneficiarse ellos, no se hubieran dado…” “de ahí, la importancia de que en las sociedades mercantiles se implanten estos programas de cumplimiento normativo, no solo para evitar la derivación de la responsabilidad penal a la empresa en los casos de delitos cometidos por directivos y empleados, que serían los casos de ilícitos penales ad extra, que son aquellos en los que los perjudicados son terceros/acreedores que son sujetos pasivos por delitos tales como estafas, alzamientos de bienes, etc, sino, también, y en lo que afecta al supuesto ahora analizado, para evitar la comisión de los delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal, es decir, ad intra.”

Originalmente escrito en http://www.finestportfolioideas.com/las-recomendaciones-del-tribunal-supremo-en-materia-de-compliance-un-motivo-mas-para-implantarlo-por-rafael-carrau/

Artículo publicado en Sector del Juego.

El Sector del Juego es, con diferencia y por múltiples factores, uno de los más regulados en nuestro entorno jurídico. No hablamos únicamente de las líneas maestras de la disciplina empresarial del mismo, más aun;no hay prácticamente ningún resquicio que afecte a la ordenación del mismo que no requiera realizar comunicaciones a las distintas Administraciones, seguir unos marcados pasos desarrollados a veces en confusas y diversas regulaciones, solicitar permisos ante diferentes organismos, y así un largo etcétera. No en vano el Juego es uno de los llamados Sectores Regulados, lo que teniendo en cuenta que no queda ya prácticamente ninguna actividad que no esté profusamente regulada en nuestro entorno da fe de que en este caso se afrontan verdaderos desafíos cuando hay que disciplinar una empresa. En vista de todo ello, el Juego está, por decirlo de algún modo, especialmente regulado.

Conviene, no obstante, no perder de vista el resto del marco jurídico y regulatorio que afecta, no solo al Sector del Juego, sino en general a todo el entorno empresarial. Y es que en los últimos años hemos asistido a una verdadera revolución en materia de derecho preventivo, con la nueva legislación promulgada que versa, entre otros aspectos, sobre Prevención del Blanqueo de Capitales, Compliance y Protección de Datos. Todas estas disciplinas fueron objeto hace unos años de un impulso definitivo y en muy poco tiempo asistimos ya a cambios en sus regulaciones que, de hecho, profundizan más en el rigor de las mismas.Además, lo importante no son las modificaciones que ya se han realizado –que también– sino las que se atisban en el horizonte.

Es importante poner ello de manifiesto porque si esta amalgama de cambios legislativos ha supuesto un desafío, en general, para todas las empresas, cuando hablamos de Sectores Regulados como el Juego se afrontan retos aún mayores. Y es que al exigir en este campo la Administración desde el principio y durante todo el desarrollo empresarial un rigor superior en prácticamente todas las facetas, el riesgo de cometer incumplimientos normativos es muy superior en comparación con otros ámbitos. Siendo ello así, las empresas del Sector tienen frente a sí, sin ningún género de dudas, el mayor desafío desde su fundación, hace décadas, cuando se legalizó el Juego en este país.

No es necesario ser profuso en ejemplos para encontrar aspectos del funcionamiento de las empresas del Sector a los que atañen todas estas regulaciones. Sin ir más lejos el Registro de Prohibidos, por su propia idiosincrasia, se encuentra profundamente afectado por todos estos cambios legislativos, al contener información sensible que está sin duda disciplinada por la legislación en materia de Protección de Datos y cuya ordenación sin los protocolos adecuados puede exponer a cualquier empresa a delitos contra la intimidad, llegado el caso. En materia de Blanqueo de Capitales es palmario y no hace falta siquiera entrar en particularidades, al ser las empresas del Sector sujetos obligados según el artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

A la vista de este escenario conviene aplicar la máxima racionalidad, pues lo determinante es poder seguir funcionando con la mayor normalidad y generar beneficio pero, eso sí, cumpliendo la Ley. Es por ello que conviene articular un plan integral en materia de derecho preventivo que armonice cuando ello sea posible –que lo es en muchos aspectos– todas estas disciplinas. De esta forma podremos evitar solapamientos en materia, por ejemplo, de canales de denuncia, protocolos o de órganos de control y responsables. Si diseñamos una estructura de prevención integral no solo ahorraremos los costes económicos de duplicar estructuras de cumplimiento, sino que tendremos un plan más eficaz y útil y será más sencillo para la empresa seguir funcionando sin dejar de lado el rigor que exigen las nuevas regulaciones, de hecho se estará aplicando una mayor disciplina en la medida en que todo lo tendremos integrado en el mismo plan, de forma que no dejaremos ningún aspecto fuera de atención en las actuaciones en este campo. Todo ello es perfectamente lógico, pues los aspectos que se protegen con los Programas de Protección de Datos van íntimamente ligados con la protección de los delitos vinculados a la intimidad, allanamiento informático, daños informáticos o incluso tangencialmente otros delitos de los programas de Compliance, y el Blanqueo de Capitales ha de ser, ex lege, uno de los delitos de obligatoria consideración en cualquiera de estos programas.

Hemos de aprovechar esta oportunidad y englobar bajo el término Compliance todo el cumplimiento de la empresa.

Artículo escrito por Miguel Ángel Blanes Ortuño, Gerente de Axium Consulting.

Hoy, viernes 21 de Septiembre, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el Decreto 190/2018, que modifica el Reglamento de Apuestas de la Comunidad.

Las dos principales novedades son el bloqueo automático de los terminales de apuestas en salones y la posibilidad de solicitar una consulta de viabilidad del local, semejante a la que existe para los Salones de juego.

Completando lo anterior, se han producido las siguientes cambios reglamentarios:
Se produce la modificación del Artículo 9.2, suprimendo requisitos para empresas de apuestas como estar inscritas en la Sección 1ª del Registro General de Juego;  tener un domicilio fiscal o establecimiento permanente en la Comunidad y  tener inscrito el material de apuestas en la Sección 3ª del citado Registro.
También se modifica del Artículo 17.6, en el cuál se añaden las siguientes obligaciones:
–  Los Casinos, bingo y Salones tendrán servicio de admisión/recepción de paso obligado para acceder al córner de apuestas.

– Los terminales de apuestas tendrán que tener un sistema de bloqueo automático en los Salones de Juego, con el fin de impedir apostar a menores y prohibidos.

El Artículo 19, referente a los Locales específicos de apuestas, se sustituye entero. La nueva redacción establece los siguientes puntos:
1) El servicio de cafetería, no tendrá una superficie superior al 50% de la total.
2) Se podrá instalar un máximo de 3 máquinas B o multipuesto, sin que el total de puestos de jugador sea más de 3.
3) Tendrá que cumplirse el radio mínimo de 200 metros con otros locales de juego. Esta limitación no tendrá que cumplirse en las áreas de apuestas de instalaciones deportivas.
4) Se podrá formular una consulta previa de viabilidad del local. Se tendrá que adjuntar la siguiente documentación:
* Un plano del Local a escala 1/100.
 * Las Medidas de seguridad del mismo.
 * La Memoria descriptiva del local.
 * El Plano de situación del local, escala no superior a 1/2000 para demostrar que se cumple el radio de 200 metros requerido..
Esta contestación, sea en sentido positivo o negativo, será en 3 meses, no siendo una autorización, solo una valoración sobre su posibilidad.
5) Las solicitudes para la autorización incluirán los mismos documentos que para la consulta previa (si no se hubiera planteado ya) más un documento que acredite la disponibilidad del local y un modelo del rótulo a instalar.
6) Si la documentación fuera incompleta/defectuosa, se dará un plazo de 10 días, si no se dará por desistido.
7) La resolución de la autorización en 3 meses.
8)  Si la resolución fuera contraria, se indicarán medidas correctoras. Si no se adoptan en un mes se tendrá por desistido.
9) Si es favorable, en el plazo de 1 año se aportará:
 * Título habilitante para el ejercicio de la actividad.
 * Certificado técnico que constatará el final de las obras.
 * Justificante de la Fianza de 20.000€.
El plazo de 1 año sin presentar estos documentos supondrá la caducidad del procedimiento.
10) La Carm solicitará informe al Ayuntamiento sobre la fecha de inicio de efectos de los títulos de actividad. Se ordenará la inspección del local, las modificaciones necesarias en menos de un mes. Después una segunda inspección, si no se pasa, caduca el procedimiento.
11) Cumplidos los requisitos, se otorgará la autorización. El plazo de resolución es de 3 meses, con silencio estimatorio de la solicitud.
12) La autorización de funcionamiento, inscrita en el Registro General del Juego, irá vinculada a la autorización de apuestas, incluida la renovación. La renovación requerirá una declaración responsable del cumplimiento de los requisitos, con dos meses de antelación a la fecha de expiración.
13) La modificación de la autorización se SOLICITARÁ en caso de ampliación y de reforma en caso de cambio de configuración, ampliación/disminución de la superficie o de las condiciones de seguridad.
14) Se COMUNICARÁ previamente en caso de modificaciones no sustanciales o de suspensión de funcionamiento por menos de 30 días.

15) La autorización se extinguirá en caso de expiración de la vigencia; renuncia expresa; cancelación o caducidad de la inscripción de la empresa en el Registro General del Juego; o por revocación mediante resolución motivada (se pierdan condiciones, falsedad en la solicitud, se imponga como sanción, se acuerde por el órgano competente o esté cerrado más de 30 días sin previa autorización salvo fuerza mayor).

Por último, se modifica el Art 39, suprimiendo el apartado 2 que dice que ” Toda apuesta deberá formalizarse por múltiplos exactos de la unidad mínima de apuesta correspondiente y se considerará integrada por tantas apuestas unitarias como la cifra apostada contenga la unidad mínima.”

Con todo esto, queda modificado el Reglamento de Apuestas cuyos cambios entrarán en vigor en 20 días.

Artículo escrito por Lina Bernabé, responsable de Prevención del Blanqueo de Capitales de Axium Consulting.

Como bien saben, estábamos a la espera de la modificación de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo consecuencia de la transposición de la Directiva (UE) 2015/849, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

En el día de ayer (5 de septiembre) se publicó Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y
requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta norma tiene
alguna variación respecto al anteproyecto inicial que les avanzamos en su momento.

Destacamos algunas cuestiones vinculadas al Sector de Juego:

– Nueva redacción al apartado u) del artículo 2.1 de sujetos obligados:
«u) “Las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar presenciales o por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos. En el caso de loterías, apuestas mutuas deportivo-benéficas, concursos, bingos y máquinas recreativas tipo “B” únicamente respecto de las operaciones de pago de premios.»

– Disminución de la cuantía de identificación para operaciones que pasa de 2.500 euros a 2.000 euros en una operación o en varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación.

– Establecimiento del procedimiento interno de comunicación, tanto público, como en el ámbito de los propios sujetos obligados de la Ley, que, deberán contar con canales específicos para la denuncia interna de conductas
contrarias a la Ley o a los procedimientos internos de la entidad aprobados para dar cumplimiento a aquélla.

– Interacción entre las normas de protección de datos y de prevención del blanqueo de capitales. Especialmente para el cumplimiento de la obligación de identificación de clientes y para los procedimientos de comunicación internos y externos. Por tanto, vinculación al cumplimiento de la normativa en el ámbito de protección de datos. Les  recordamos que prestamos servicios también en materia de protección de datos.

– Se endurece el régimen sancionador y se elevan cuantías de importes máximos para infracciones muy graves de 600.000 y 1.500.000 pasa a 10.000.000 euros, graves de 60.000 y 150.000 pasa a 5.000.000 euros o leves
hasta 60.000 euros.

Estaremos encantados de ayudarles en la adecuación de sus procedimientos a las nuevas previsiones que establecen esta norma y las sucesivas que se aprueben como venimos haciendo durante todo este periodo.

Les mantendremos oportunamente informados de las novedades que se vayan produciendo y procederemos a ir adecuando sus Sistemas de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo a lo
que establezca la legislación vigente en la materia en cada momento como parte de nuestro servicio de mantenimiento continuo del Sistema.

El pasado miércoles 23 de Mayo se realizó la sesión informativa sobre el nuevo Reglamento de Protección de Datos para las empresas que están dentro de la asociación empresarial FEJBA.

La Jornada estuvo dirigida por Miguel Ángel Blanes, director de Axium Consulting.

 

Noticia en Sector del Juego aquí.

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Noticia en infoplay aquí.

El próximo 23 de Mayo tendrá lugar en el Hotel Meliá Madrid Serrano una sesión formativa para las empresas que forman parte de la asociación FEJBA.

El curso será impartido por Miguel Ángel Blanes, socio-director de Axium Consulting y versará sobre la incidencia de la nueva normativa en Protección de Datos en las salas de juego y en los Programas de Prevención del Blanqueo de Capitales, necesarios para cumplir con la legalidad vigente.

 

 

Artículo escrito por Lina Bernabé, responsable del área de Prevención del Blanqueo de Capitales de Axium Consulting.

Recientemente han sido publicadas en el BOE la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, y la Orden JUS/318/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueba el nuevo modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación. Ambas Órdenes entraron en vigor el día siguiente de su publicación, y resultan de aplicación para la presentación de las cuentas anuales del ejercicio 2017, salvo para compañías que hayan aprobado y efectuado el depósito de sus cuentas anuales en el Registro Mercantil competente con anterioridad a la entrada en vigor de esta nueva normativa (28 marzo de 2018).

La principal novedad en la información que se debe presentar en el Registro Mercantil está motivada por la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y se centra en un nuevo formulario en el que debe manifestarse la «identificación del titular real de la sociedad».

Esta Directiva, cuyo plazo de transposición finalizó el 26 de junio de 2017, en su artículo 30.3 estableció que «Los Estados miembros se asegurarán de que la información (…) sobre la titularidad real se conserve en un registro central en cada Estado miembro, por ejemplo un registro mercantil o un registro de sociedades (…) o en un registro público».

Dada la finalización del plazo para la transposición del citado artículo y como consecuencia del llamado «efecto útil» de las Directivas, ha parecido conveniente implementar un nuevo formulario en el que las sociedades, en el momento de presentar a depósito sus cuentas anuales en el Registro Mercantil, hagan la declaración acerca del titular real.

No supone una nueva obligación general para todas las sociedades, pues solo deberán cumplimentarlo aquellas que tengan una titularidad real a favor de personas físicas, de forma directa o indirecta, de más del 25% de su capital social, pudiendo, en cuanto a los llamados titulares asimilados, remitirse a los libros del propio Registro Mercantil. En ejercicios sucesivos dicho formulario solo deberá ser cumplimentado si se han producido cambios en la titularidad real. De la declaración debidamente depositada, se dará la publicidad prevista en el artículo 30.3 de la Directiva, con sujeción, en su caso, a las normas sobre protección de datos de carácter personal.
Se entiende por «titular real» a la «persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica». Si el control es indirecto por medio de una persona jurídica deberá indicarse la identidad de esta.

Es fundamental en los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y financiación de terrorismo, saber quiénes son las personas físicas que están realmente detrás de las transacciones que son objeto de análisis por parte de los sujetos obligados a aplicar la normativa preventiva.

El pasado martes, 10 de abril, se celebró el III Foro Nacional del Bingo en la ciudad de Logroño.

Miguel Ángel Blanes, socio-director de Axium Consulting, participó en el evento y moderó una de las mesas, concretamente la que llevaba como título “Necesidades para una oferta global del ocio en las Salas de Bingo”.

El resumen del coloquio se puede consultar en la web de Infoplay.

Artículo de Pedro Guirao, abogado en Axium Consulting y publicado originalmente en Sectordeljuego.

Las particularidades que hay en torno al Sector del Juego y el tinte proteccionista que la legislación ha tomado en los últimos decenios ha ocasionado que la legislación estatal y autonómica establezcan prohibiciones para impedir que determinados colectivos puedan participar de los juegos de azar, entre los que encontramos a los menores de edad, a los inscritos en el Registro de Prohibidos o a los deportistas con respecto a los eventos en los que participen, por citar los casos más conocidos. Las razones para ello son múltiples, y aunque no son objeto de este artículo es fácil intuir que abarcan desde la prevención de la adicción al juego en los menores, pasando por contribuir a la rehabilitación de los ciudadanos afectados por las alteraciones derivadas de la ludopatía, hasta la tutela del desarrollo de los eventos deportivos bajo las normas de fair play, entre otras.

A partir de ahí, como es lógico, la normativa de desarrollo obliga a que en los Salones de Juego se produzca la identificación de los individuos que acceden a los mismos, ello a los efectos de llevar a buen término esta política a la que antes se hacía referencia. En ese sentido, la legislación establece la necesidad de que exista un servicio de recepción que exija la identificación de los usuarios.

Sentado ello, y sin desmerecer los altos intereses que la normativa busca salvaguardar, conviene descender a la realidad y constatar que los Salones de Juego no son lúgubres pozos de vicio y perversión –imagen que una parte de la Sociedad posee– sino lugares de encuentro de amigos que quedan para ver competiciones deportivas, locales donde la gente va a desayunar o merendar porque muchos cuentan con un servicio de hostelería de primer nivel, etc. y finalmente sí, efectivamente, sitios donde la gente, además, realiza apuestas y practica juegos de azar. En definitiva, que en muchas ocasiones los Salones de Juego cuentan con clientes de lo más habitual y reconocible, como muchos otros establecimientos.

Pues bien, a raíz de recientes pronunciamientos de los tribunales convendría que las Administraciones tuvieran realmente en cuenta este estado de cosas y, sin dejar de poner celo en la preservación de los altos intereses que con las prohibiciones subjetivas se tutelan, interpretaran las normas de una forma integradora y acorde con la realidad efectiva. Digo ello porque desde mi punto de vista sería un error que los agentes de las Brigadas de Juego en sus inspecciones de incógnito a los Salones de Juego se apresuraran a levantar Acta de Infracción en cuanto a alguien no se le pida su Documento Nacional de Identidad, ello sin mayor reflexión. Creo que el razonamiento que realiza al respecto la Sentencia nº 70/2017, de 29 de marzo, del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 1 de Zaragoza –que revoca una sanción a un Salón de Juego por no pedir el DNI a un usuario– lo explica mucho mejor de lo que podría hacerlo yo: “De este modo, no cabe descartar que la identificación se hubiera producido por notoriedad, mediante una aplicación analógica de la legislación notarial. A favor de esta posibilidad, se encuentra la existencia de una de las llamadas tarjetas de fidelización a su nombre, cuya copia fue aportada en vía administrativa. Es verdad que, en la resolución de la Sra. Jefe de Servicio, se pretende justificar que la identificación se realice a través del Documento Nacional de Identidad (ya que es “el documento público que contiene los datos de identificación personal e inequívoca de los ciudadanos, emitido por un empleado público y con autoridad competente, que permite al ciudadano identificarse para cualquier ámbito de la sociedad”), pero lo cierto es que no se ha reseñado precepto alguno de la normativa sancionadora que impida realizar el control de identidad sin esa documentación oficial. De hecho, el encargado manifestó en el momento de la denuncia que se había producido la identificación sin necesidad de que exhibiera la documentación oficial, ya que era cliente habitual y que se habían comprobado sus datos en el REJUP”.

Y es que es importante subrayar que las Administraciones parecieran asociar la necesaria identificación de los usuarios con la solicitud continua del DNI, lo cual no es exigido en muchas ocasiones por la normativa, pues ni la murciana ni la aragonesa lo hacen, por ejemplo. Conviene resaltar que no se trata el citado de un pronunciamiento judicial aislado, pues en el mismo sentido resuelve la Sentencia nº 173/2017, de 4 de julio, del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 2 también de Zaragoza, cuando dice: “Al respecto, la necesidad de identificación con documento fehaciente no se exige en la norma, y puede ser realizada de otro modo.”

Se puede argumentar, de contrario, que la identificación a través de DNI es la única forma de verificar, efectivamente, que el usuario en cuestión no se inscribió en el Registro de Prohibidos el día anterior. Este apunte no se le pasó por alto a los jueces al resolver, pues consta en la primera Sentencia, por ejemplo, la reflexión de la Administración al respecto: “El hecho de calificar el actor al cliente como ‘habitual’ no le exime de la obligación […] de solicitar su identificación, a los efectos de […] velar por la efectividad de impedir el acceso al local de juego a un ‘cliente habitual’ que con carácter previo hubiera solicitad su inscripción en el Registro de Prohibidos”. A pesar de ello, la Sentencia revocó la sanción igualmente.

Y es que si la Administración quiere que la identificación se produzca a través de DNI lo cierto es que así debe exigirlo la normativa. Mientras tanto, existen otras formas de identificar a los usuarios que, en el caso de los clientes habituales, si se prueba debidamente y bajo determinadas circunstancias, puede conllevar que la sanción se revoque en vía jurisdiccional, especialmente si se comprueba que los mismos efectivamente no se habían inscrito con anterioridad en el Registro de Prohibidos.

Hecha esta reflexión, si los Salones de Juego realizan la identificación de los usuarios a través de documento fehaciente en todo caso, momento y circunstancia, eliminaran cualquier margen de error o interpretación, por razones lógicas.

Desde el año 1993, España ha incorporado a su ordenamiento jurídico medidas legislativas tendentes a la implantación de procedimientos de prevención del blanqueo de capitales, que incorpora a la regulación nacional la política internacional coordinada en este ámbito, tanto en la UE, como a través del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Estas normas son las que han servido de motivación a la modificación propuesta en el anteproyecto de Ley de modificación de la vigente Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (año 2010), actualmente en fase de exposición pública, modificación que también permitirá llevar a cabo ajustes y mejoras en la norma, derivados de la experiencia de su aplicación en sus casi 8 años de vigencia.

Analizaremos algunas de las modificaciones que incorpora el anteproyecto de Ley respecto de la norma actualmente vigente, dejando apuntado que su tramitación parlamentaria puede suponer notables cambios en el contenido del anteproyecto ahora analizado.

  1. Cambios en el régimen sancionador. Este régimen se adapta a la normativa UE, más duro que el actual. Se incrementan los importes máximos de las sanciones (la multa máxima por comisión de infracciones muy graves pasa del 5% del patrimonio neto al 10%, o de 1,5 millones de euros a los 5 millones), y se endurece el régimen aplicable a las personas con responsabilidad pública, considerando a todas las personas que ostenten dichas responsabilidades de alto riesgo.
  2. Incorporación de nuevos sujetos obligados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales y nuevas obligaciones formales, como las plataformas de financiación participativa o las sociedades gestoras de fondos de titulización, por su elevado perfil de riesgo. Crea la obligación de registro de los prestadores de determinados servicios a sociedades que deberán inscribirse de forma obligatoria en el Registro Mercantil competente por razón de su domicilio. E incrementa las obligaciones de las empresas de juego, que se extienden a toda su actividad. Incorpora dentro del concepto de sujetos obligados a las sociedades que sean la dominante en un grupo de empresas, que incluya dos o más entidades que lleven a cabo actividades sometidas a estas obligaciones impuestas por la Ley. Esta nueva incorporación va a suponer una notable ampliación de los sujetos obligados a implantar los procedimientos de prevención. Y se refuerzan las medidas a aplicar por parte de los sujetos obligados en sus relaciones con los países que presenten deficiencias estratégicas en sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  3. Desde la modificación del Código Penal del año 2015, se ha producido una creciente regulación que impone a las empresas la implantación de procedimientos preventivos. Esto afecta tanto a los procedimientos de prevención de delitos (programas de compliance), como a la protección de datos y, ahora, a la prevención del blanqueo de capitales. Este anteproyecto presta especial atención a la interacción entre las normas de protección de datos y de prevención del blanqueo de capitales. Obliga al establecimiento de los canales de denuncias, tanto públicos, como en el ámbito de los propios sujetos obligados de la Ley, que deberán contar con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la Ley o a los procedimientos internos de la entidad aprobados para dar cumplimiento a aquélla.

En todo caso, sería deseable que el legislador realizara un esfuerzo de realismo para que todo el ejercicio preventivo que se impone a las empresas, tanto en el ámbito del compliance penal, como en la protección de datos y el blanqueo de capitales, afectados por la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pudiera ser coordinado en un único órgano de la empresa, que operara como garante del cumplimiento normativo en sentido extenso. Que tengan que coexistir un ‘compliance officer’, un delegado de protección de datos y un representante ante el SEPBLAC en  las estructuras de las pymes, no parece asumible ni en términos de organización ni de costes.

Miguel Ángel Blanes Pascual ha escrito este artículo originalmente en la web ValenciaPlaza.com

Artículo originalmente publicado en la revista digital SectordelJuego por Pedro Guirao, abogado de Axium Consulting.

A pesar de que son varios los delitos que pueden cometerse vinculados al Sector del Juego, la gran mayoría de ellos no dejan de ser tipos penales que pueden aparecer en mayor o menor medida en cualquier esfera empresarial, ello con una excepción; la previsión recogida en el artículo 286 quater en relación con el artículo 286 bis del Código Penal. En la concordancia de esos dos artículos aparece la única tipificación expresa en el ordenamiento penal español de una conducta que, por definición, únicamente puede ser cometida en la órbita del Sector del Juego; la corrupción en el deporte con la finalidad de influir en el desarrollo de juegos de azar o apuestas.

El delito se encuentra dentro de la Sección del Código Penal destinada a la corrupción en los negocios y castiga a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva y a los deportistas, árbitros o jueces respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva. A este respecto, las pruebas, encuentros o competiciones deportivas tendrán especial relevancia económica cuando la mayor parte de los participantes perciban cualquier tipo de retribución, compensación o ingreso económico por tomar parte de ellas, y poseerán especial relevancia deportiva cuando sean calificadas en el calendario deportivo anual aprobado por la federación deportiva correspondiente como competición oficial de la máxima categoría de la modalidad, especialidad o disciplina que se trate.

Es en el tipo agravado de esa conducta donde encontramos la conexión expresa con el Sector, pues el Código Penal le atribuye “especial gravedad” a los comportamientos descritos en el párrafo anterior cuando tengan como finalidad “influir en el desarrollo de juegos de azar o apuestas”. Cuando ello suceda, el legislador pide a los jueces la imposición de la pena prevista para esos delitos en su mitad superior o, incluso, superior en grado. Conviene tenerlo en cuenta en la medida en que la pena para el tipo básico es de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja.

Esta previsión se incorporó al Código Penal con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, por lo que hasta ese momento no existía ninguna precisión en la que se mentara de forma específica al Sector en nuestra norma penal.

La valoración de esta introducción no es negativa para el Sector, más bien al contrario, y es que el Derecho Penal no está únicamente para darnos sustos, sino también para protegernos. Con independencia de las objeciones técnicas que se puedan tener al respecto, lo cierto es que se trata de una herramienta que puede ser muy eficaz para proteger al Sector de los abusos que tradicionalmente han rodeado al mundo de las apuestas deportivas, de los que son notorios los casos más flagrantes de corrupción, que no solo han sido noticia en el Sector sino que han tenido un alcance más global, dada la importancia y relevancia social que tienen los eventos deportivos, como bien recuerda el Dictamen del Consejo de Estado nº 1404/2009, de 29 de octubre de 2009.

Además, el legislador no deja nada en el tintero, pues establece el delito como de simple actividad, lo cual quiere decir que no se exige el concreto resultado deportivo –por lo que la mera conducta corrupta es ya delictiva– y prevé también la posibilidad de que el delito sea también cometido por una persona jurídica, tal y como recogen los artículos 31 bis y 288 del Código Penal, lo que conlleva una serie de consecuencias que no deben escapárseles a las empresas en la órbita del Sector, en línea de lo que subrayé en esta misma página cuando hablé de los bingos y el delito de contrabando en los programas de compliance.

Hablando del legislador en ese artículo comentaba también que las necesidades de prevención de riesgos penales no se extendían al sector público. En línea con ello hay que subrayar con respecto a este delito que las conductas que sanciona pueden ser, en el plano fáctico, cometidas por personas y entidades que no pertenezcan al sector privado, pero debido a la configuración del tipo penal sus eventuales actuaciones quedarían fuera de la reacción penal creada, como también recuerda el Dictamen del Consejo de Estado antes referido.

Para terminar conviene hacer un poco de pedagogía con respecto a la confusión que habitualmente existe en relación con las conductas que abarcan estos llamados fraudes deportivos. Para ello hay que poner el acento en el verbo típico del delito, que no es otro que “predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta”, lo que nos indica que cuando se prime a alguien exigiéndole un mayor rendimiento no será de aplicación el delito, pues con esa prima ni se predetermina ni se altera el resultado de ninguna prueba o competición. Por la misma razón, tampoco lo será cuando lo que se haga sea premiar un resultado a posteriori. En consecuencia, el horizonte típico viene determinado por que se prime a alguien exhortándole a que se “deje ganar”, pues es esta conducta en verdad la que predetermina o altera fraudulentamente el resultado de cualquier competición, dado que el motivo de participar en ellas es – como no podía ser de otra manera– alzarse con la victoria.

El pasado jueves 20 de abril, se celebró en el Restaurante “El Churra” una jornada sobre juego dentro de los “Desayunos EXPOJOC”.

Dicho encuentro contó con la participación de destacados representantes del sector del juego tanto de la Región de Murcia como de la provincia de Alicante. El equipo de Axium también estuvo presente.

La noticia completa aquí.

El pasado viernes 10 de marzo, se celebró en Sevilla el 2º Foro Nacional del Bingo y que contó con la presencia de Miguel Ángel Blanes, socio-director de Axium Consulting.

Los medios online especializados han hecho un resumen de las mesas-debate y las demás intervenciones:

Noticia en Sector del Juego.
Noticia en Azarplus.

El próximo 10 de Marzo se celebrará en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla el 2º Foro Nacional del Bingo, organizado de manera conjunta por la Federación de Empresas de Juego del Bingo (FEJBA) y la Confederación Española de Organizaciones de Empresarios del Juego del Bingo (CEJ).

Dicho evento contará con la presencia de Miguel Ángel Blanes, socio-director de Axium Consulting en una de sus mesas-coloquio.

Bajo el título de “Hacia un nuevo modelo”, el Foro de la ciudad hispalense será una oportunidad para dilucidar el futuro del Sector, y, por ello, se han establecido 2 partes: la primera, “Perspectiva e inquietudes del Sector” contará con la presencia de responsables de las Administraciones públicas y diferentes empresarios del sector del juego; y una segunda mesa “Antes y después; desarrollo y progreso del Juego y su Normativa” en la que intervendrán ex-responsables de la Administración en materia de juego. En esta segunda mesa estará interviniendo Miguel Ángel Blanes, en calidad de Ex Director General de Tributos de la Región De Murcia.

Aquí el tríptico del Programa .

Artículo de Pedro Guirao, abogado de Axium Consulting publicado en la web del Sector del Juego.

Los programas de cumplimiento penal, con origen en el mundo anglosajón, están abriéndose camino en el tejido empresarial español a fuerza de necesidad, sobre todo dada la ruptura del principio que había imperado en nuestro Derecho Penal hasta la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modificó la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que se concretaba en el adagio latino societas delinquere non potest. Hasta ese momento y sobre la base de diferentes razonamientos –no escasos de fundamento– se entendía que las personas jurídicas como tales no podían ser sancionadas penalmente. A partir de ese momento y con diferentes argumentos, principalmente la trasposición de Directivas Comunitarias –que, dicho sea de paso, tan solo plantean la responsabilidad penal de las personas jurídicas como una alternativa, sin imponerla– el legislador quiebra ese principio y sobre la base de una regulación en exceso interpretable, dado lo taxativo que debiera ser el Derecho Penal, articula un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico español, que además puede operar con independencia de que se pueda o no individualizar la responsabilidad en una persona física concreta.

Ello ha hecho crecer la preocupación entre las empresas, sobre todo a medida que se han empezado a conocer los primeros fallos del Tribunal Supremo al respecto,
que son sin duda los que han hecho a las mismas plantearse la auténtica necesidad de dotarse de un programa de prevención de delitos. Esta necesidad no es en absoluto exagerada, una vez que los operadores se han cerciorado de que los tribunales han comenzado a dictar pronunciamientos condenatorios frente a las sociedades y que las sanciones pueden tener una entidad nada baladí.
La necesidad tiene sentido porque el legislador articula un régimen que excluye la responsabilidad penal de la persona jurídica para el caso de que haya articulado un
programa de cumplimiento normativo que mantenga vivo, precisión esta última que normalmente olvidan las empresas y que conviene recordar, pues difícilmente podrán las sociedades verse eximidas de responsabilidad o beneficiarse de una atenuación de la pena si estos programas no se revisan y se mantienen actualizados con la periodicidad adecuada. Esta circunstancia tiene todo el sentido sobre la base de que la voluntad del legislador es instaurar una verdadera cultura de cumplimiento normativo en el sector privado –como era esperable, al sector público no le alcanzan esas necesidades de prevención– algo imposible si no se hace el debido seguimiento. En definitiva, si el plan no se revisa y se le dota de virtualidad, sobre la base de un seguimiento y de la formación del personal, es tan solo papel mojado que no tendrá la utilidad deseada.
Uno de los elementos que sin duda todo plan debe contener es un mapa de riesgos relacionado con los delitos que son susceptibles de comisión por las personas
jurídicas –que son un numerus clausus– asignándoles un concreto nivel de riesgo sobre el que tomaremos las decisiones oportunas en materia de prevención, elemento también esencial. Todos estos delitos se encuentran ubicados en el Código Penal, ello con excepción de uno que no es otro que el que da título a este artículo; el delito de contrabando, que viene regulado por la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando (Ley Orgánica 12/1995, en adelante), que en su artículo 2.6 prevé expresamente la posibilidad de comisión de este delito por parte de las personas jurídicas.
A la hora de realizar el estudio correspondiente a los mapas de riesgo de comisión delictual de los que se deben dotar los bingos al elaborar sus programas de prevención, las particularidades que ofrece el sector son varias. Huelga decir como ejemplo las particularidades que precisa en su valoración el blanqueo de capitales, dada la obligatoriedad que tienen los bingos de contar con un programa de prevención específico al respecto, tal y como les impone el artículo 2.1 u) de la Ley Orgánica 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Con respecto al contrabando, y más allá de las previsiones genéricas que debe adoptar cualquier sociedad, conviene no pasar por alto al reflexionar sobre qué riesgo se le asigna a este delito en el caso de los bingos varios factores, de los que apuntaremos dos. En primer lugar está el hecho de que los cartones de bingo son géneros estancados, lo que adquiere una importancia capital en la medida en que la Ley Orgánica 12/1995, al tipificar el delito, habla en su artículo 2.2 b) de los que “realicen operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia, circulación de: géneros estancados […]”, por tanto no debemos pasar por alto que uno de los elementos esenciales de la actividad de los bingos puede ser objeto de uno de los delitos que la legislación penal establece como susceptible de atribución a las personas jurídicas. Ello dicho, para que exista delito el “valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos” debe ser “igual o superior a 50.000 euros”, cifra que minimiza bastante el riesgo de comisión del tipo, pero que no excluye que deba ser tenido en cuenta en la valoración, como ahora se apuntará.
De igual modo, conviene tener en presente una previsión que quizás sea más evidente, y es que el artículo 2.3 b) de la Ley Orgánica 12/1995 recoge otra modalidad
comisiva más plausible por el límite cuantitativo con el que la dota, al establecer que también habrá delito de contrabando “cuando se trate de labores del tabaco cuyo valor sea igual o superior a 15.000 euros”.
Volviendo a lo anteriormente apuntado, a pesar de lo elevado –en principio– de las cifras, conviene no bajar la guardia al respecto dada la expresa mención que realiza
la Ley Orgánica 12/1995 a la posibilidad de concurrencia del delito continuado. Esta figura será de aplicación cuando, en ejecución de un plan preconcebido, se realicen varias de las acciones y/u omisiones previstas en la Ley y el valor acumulado de los géneros o productos en sí mismos considerados no alcancen los límites del artículo, pues podrán ser tenidos en cuenta cuando su valor acumulado sí lo alcance, siempre y cuando no hayan sido sancionados administrativamente.
Sirvan estas precisiones sobre el delito de contrabando para apuntar que el juego privado debe imponerse rápido las nuevas exigencias de prevención que establece el legislador penal, ello a los efectos de evitar más problemas de los necesarios si se comete un delito en el seno de cualquiera de las empresas que dan cobertura al sector. Esa rapidez, como es lógico, debe venir acompañada de una adaptación de los programas de cumplimiento a lo específico de la regulación para el juego, de modo que los mismos posean el rigor que les haga, verdaderamente, cumplir su función.

Artículo de Pedro Guirao, abogado en Axium Consulting, publicado en Sector del Juego.

El texto íntegro aquí.

MABP

Miguel Ángel Blanes Pascual, socio director de Axium Consulting

Artículo originalmente escrito para SectorDelJuego

Que la situación de estancamiento política que vive España en estos momentos (aunque los cambios se suceden con una velocidad de vértigo, y lo que hoy es “no”, puede mutar en un “si” prácticamente sin solución de continuidad) afecta a todos los ámbitos de la actividad pública resulta incuestionable. La toma de decisiones políticas, que siempre supone un ejercicio de equilibrio entre distintos intereses, en esta situación se ven especialmente condicionadas por la incertidumbre que afecta a todo el entorno social, político y económico.

Y en especial cuando esta situación impide la formulación del instrumento básico para la política económica pública, que son los Presupuestos Generales del Estado. Presupuestos que, a su vez, impactan directamente en la formulación de los presupuestos autonómicos y las medidas de política fiscal que se adoptan en los ámbitos territoriales como complemento de las políticas presupuestarias. Los condiciona de tal manera que, en puridad, no podrían ni siquiera formularse, ya que falta la inicial aprobación del techo de gasto presupuestario, paso previo para la elaboración de los presupuestos, e incluso es cuestionable que puedan aprobarse por un gobierno en funciones que, por otra parte, tampoco parece que tenga excesivo interés en forzar las interpretaciones jurídicas que permitieran su elaboración.

Uno de los aspectos menos conocidos es, precisamente, el impacto que esta ausencia tiene sobre las arcas autonómicas. Y es que buena parte de la financiación de las CCAA depende de la aplicación del sistema de financiación autonómica, en forma de entregas a cuenta y liquidación del periodo anterior, que tienen su habilitación precisamente en los Presupuestos Generales del Estado.

Si no hay presupuestos generales, y en consecuencia se tienen que prorrogar automáticamente los presupuestos anteriores, va a ser difícil que se produzcan las necesarias y largamente aplazadas modificaciones de la financiación autonómica, por lo que la situación de estrechez de las finanzas regionales puede llevar a la tentación de incrementar los recursos que tienen a su alcance, sobre el que tienen capacidad normativa, como son los tributos propios y, sobre todo, los tributos cedidos, entre los que destacan, por las elevadas competencias normativas atribuidas a las CCAA, la Tasa Fiscal sobre el Juego. Tributo que, en manos de gobiernos con marcado sesgo populista, no supone ningún coste político, más bien al contrario, su corrección al alza.

En ese entorno, no es en absoluto descabellado pensar que alguna comunidad caiga en la tentación de subir los tipos de gravamen de estas actividades, como (presunto y erróneo) medio de incrementar los recursos disponibles para financiar sus políticas. O, como mal menor, que demoren para otro momento la adopción de medidas en el ámbito tributario que permita una convergencia fiscal entre los diversos subsectores del juego, y que corrijan algunas injusticias que arrastran algunos sectores, algunos de forma secular, como el caso comentado de forma reiterada del Bingo. Sería un grave error que daría al traste con la incipiente recuperación del sector y la consolidación de las nuevas iniciativas que se están adoptando.

Y si bien errar es propio de cualquier hombre, sólo es propio del ignorante perseverar en el error.

Para asesorar en determinados proyectos relativos al sector del juego.

Axium Consulting, empresa liderada por Miguel Ángel Blanes, ha incorporado a su staff a Ralitsa Zareva. Axium, además de ofrecer servicio de consultoría a empresas de juego, está especializada en fiscalidad empresarial, asistencia jurídica a la contratación administrativa y programas de compliance y prevención de blanqueo de capitales.

Zareva ha trabajado con el fabricante Noble Gaming y ahora se incorpora a Axium Consulting para asesorar en determinados proyectos. “La incorporación de Ralitsa se debe a que necesitábamos una persona de su perfil para complementar el asesoramiento de unos proyectos que tenemos contratados, relativos a nuevos desarrollos de máquinas y juegos. Entiende mucho este mundo, tiene buenas relaciones, y nos aporta ese punto de conocimiento de negocio desde el punto de vista técnico que complementa nuestro conocimiento normativo y de ordenación”, manifiesta Blanes.

Zareva es licenciada en Psicología por la Universidad Kliment Ohridski de Sofía (Bulgaria).

Noticia completa en SectordelJuego.com

La Justicia avala a los discriminados por sucesiones en el extranjero.

Los no residentes en una comunidad autónoma que reciban una herencia serán indemnizados por la discriminación que han sufrido.

La noticia completa de Expansión.com

Nota: desde el próximo lunes 2 de mayo,  las oficinas de Axium Consulting SL  estarán situadas en Ronda Norte, Número 1, Entresuelo, Letra A, (Murcia).

Durante la mañana del 29 de Abril, el Colegio de Abogados de Albacete y Wolterskluwer organizarán una jornada sobre La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. La figura del Compliance.

En esta Jornada participará Miguel Ángel Blanes, director de Axium Consulting, con una ponencia sobre “Aspectos prácticos de la Implantación de un programa de Compliance”, dada su condición de socio fundador de Complying SL y tras la reciente implantación de varios programas de Compliance por esta empresa.

A la jornada también acudirán Don Julio Guerrero Zapara, Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Penal de Murcia y Don Jaime Sánchez-Vizcaíno Rodríguez, Abogado, Doctor en Derecho y Profesor de Derecho Mercantil.

El evento se celebrará en  el Salón de Actos del Hotel Los Llanos (Albacete).

Noticia completa aquí.

En la mañana de hoy, 19 de febrero, se impartirá la ponencia “¿Deben las empresas establecer procedimientos para la prevención de delitos y, en especial, los fiscales?” por parte del director de Axium Consulting, Miguel Ángel Blanes.

Ésta se desarrollará en el marco de un seminario del Advanced Management Program del Instituto de la Empresa.

La web www.jocprivat.com, especializada en el sector del juego, publica un amplio reportaje sobre el pasado Congreso del Juego de Castilla y León, celebrado en el mes de noviembre en la capital de la citada Comunidad.

El artículo destaca las principales ideas de la mesa redonda en la que participó Miguel Ángel Blanes, director de Axium Consulting, y que estuvo moderada por Fernando Prats.

Enlace.

En el marco del acuerdo suscrito entre Axium Consulting y FEJBA (Federación Empresarial de Juegos de Bingo y Azar) para la implantación de un programa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, se han llevado a cabo durante las últimas semanas una serie de sesiones de formación para empleados de las empresas que forman esta Asociación.

Esta formación es necesaria para los empleados con funciones decisorias dentro de las empresas y con el fin de que sepan identificar las actuaciones que puedan generar una alerta y saber canalizarlas para dar correcta comunicación a los órganos pertinentes.

El curso de esta semana en Madrid para las empresas de la comunidad (y de Andalucía) se une al dado la pasada semana en Barcelona y a los que se dieron a finales de 2015 tanto en León como en Murcia.

La Revista Profesional de la Industria del Juego en España, Joc Privat, publica hoy un artículo sobre las reflexiones de Miguel Ángel Blanes, director de Axium Consulting, en el marco del coloquio que tuvo lugar en el XII Congreso de Juego de Castilla y León el pasado martes.

El texto recoge las principales declaraciones de Miguel Ángel, tales como:

Miguel Ángel Blanes se expresó una vez más desde que ya no desempeña responsabilidades como regulador de Juego del Gobierno de la Región de Murcia con una gran sensibilidad en torno a determinados retos que afronta el conjunto del Juego Privado en su relación con las Comunidades Autónomas. En la presentación a su intervención Fernando Prats lo introdujo indicando que “Blanes ahora está en el lado oscuro”
como oposición al ‘otro lado’ que asumen los reguladores autonómicos.

 

El texto íntegro aquí.

 

La web especializada Sectordeljuego.com publica hoy un artículo analizando la primera mesa del Congreso que se está celebrando estos días en la ciudad de León en el marco del XII Congreso de Juego de Castilla y León.

Respecto a la presencia de Miguel Ángel Blanes, director de Axium Consulting, la noticia dice lo siguiente:

“Miguel Ángel Blanes, ex director de Tributos de la Región de Murcia, economista y consultor, fue claro. “La convergencia es inevitable”. Para Blanes “la confluencia de intereses entre presenciales y online” posibilita a los operadores físicos ser “más competitivos”. En un escenario no lejano habrá una oferta múltiple (presencial y digital) en locales de juego. “Por ejemplo, el bingo podrá contar con el bingo tradicional, Electrónico, INterconectado, máquinas B, apuestas y máquinas de juego estatal”. Según Blanes “un batiburrillo de oferta con legislaciones que pueden entrar en conflicto. Se puede hacer publicidad del online pero no del presencial”. Lo inteligente, y así lo manifestó, es “plantear legislaciones que no entren en conflicto en la concurrencia en un mismo local con gravámenes análogos”. También subrayó que el tipo impositivo de los bingos debe ser revisado, “no se soporta más tiempo”.”

La noticia completa aquí.

 

El próximo 25 de noviembre a las 17 horas, se celebrará en el Salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia una ponencia de Miguel Ángel Blanes Pascual, socio director de Axium Consulting, sobre “Las Comprobaciones de Valores. Aspectos legales y prácticos“.

 

La inscripción a la jornada se puede tramitar aquí.

Durante los días 16 y 17 de noviembre se celebrará en la capital leonesa el XII Congreso de Juego de Castilla y León, evento al que acuden cada edición fabricantes y empresas del sector, así como numerosas autoridades políticas de cada autonomía.

En esta edición, el Director de Axium Consulting, Miguel Ángel Blanes, acudirá a un coloquio sobre “Juego Presencial – Juego Onilne” (presentado y moderado por el Director General de Tributos y Juego de la Comunidad de Madrid, Fernando Prats). En esta mesa – debate, Miguel Ángel Blanes explicará su perspectiva de alguien que ha participado en el sector tanto en el ámbito privado como en el público.

El Congreso contará además con otras dos mesas sobre las apuestas y las máquinas.

 

Aquí el calendario entero.

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo sobre la fiscalidad de la sucesión de la
empresa familiar: nada nuevo bajo el sol.

De nuevo está el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en el centro de la actualidad fiscal en
la Región de Murcia. A la muy acertada modificación de la normativa autonómica en la Región de
Murcia a través del Decreto Ley 1/2015, de 6 de agosto, convalidado en la Asamblea Regional el
pasado 5 de septiembre, se suma ahora la noticia sobre una reciente Sentencia del Tribunal
Supremo que afecta a las sucesiones de empresas familiares, valorada en unos términos que
parecen excesivos respecto a la realidad de lo que se ha producido.

Los medios de comunicación han recogido la noticia con titulares muy llamativos, como por otra
parte es su obligación si quieren hacerla atractivo al lector, aún a costa de una cierta imprecisión.
Por ejemplo, Expansión titula:

“Varapalo del Supremo a la fiscalidad en la sucesión de la empresa familiar”

Y no, ciertamente no es así. El Supremo viene a sentar con carácter jurisprudencial un criterio
consolidado ya en buena parte de los Tribunales Superiores de Justicia, en la doctrina del Tribunal
Económico Administrativo Central, e incluso en los criterios previos que emanan de la Dirección
General de Tributos y, por tanto, en la actuación de las Administraciones responsables de la
gestión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Por tanto, nada nuevo bajo el sol.

Porque, veamos, ¿cuál es el problema real que condiciona a la sucesión de la empresa familiar de
este “nuevo” criterio?. Pues como casi todo lo que afecta al ámbito tributario, si se actúa de forma
prudente desde las empresas, prácticamente ninguno. Los riesgos fiscales aparecen cuando,
mediante la interposición de figuras societarias, se pretende aprovechar determinadas economías
de opción de difícil encaje legal con el fin de obtener una tributación efectiva menor. Si en las
empresas radican exclusivamente los activos estrictamente necesarios para el desarrollo de la
actividad, o incluso aquellos activos que, no siendo estrictamente necesarios en un momento
concreto, sí lo pueden ser en un futuro, siempre debidamente justificados (por ejemplo, mediante
un adecuado plan de inversiones), las empresas no tienen nada que temer: la tributación en la
sucesión de estas empresas seguirá respondiendo a la finalidad prevista en la reducción, que no
es otra que favorecer su tránsito generacional, pudiendo aplicar el beneficio fiscal en toda su
extensión.

En el supuesto de hecho de la Sentencia en cuestión, el activo de la empresa heredada incluía
una SICAV, e inversiones financieras temporales constituidas por acciones de un banco y dos
fondos de inversión de la misma entidad. Estos activos financieros suponían más del 50% del total
del activo de la empresa y, de acuerdo con la actividad que desarrollaba la misma, no se pudo
acreditar que estas inversiones financieras tuvieran afección directa al desarrollo de la actividad, ni
presente ni futura. Por tanto, el criterio que procede aplicar en estos supuestos es que el beneficio
fiscal previsto en la normativa se aplica sólo al porcentaje de los elementos afectos al desarrollo
de la actividad, y no a los no afectos. Pero, en todo caso, y sobre los elementos afectos, sigue
siendo posible aplicar el beneficio fiscal establecido en la norma. Que no ha desaparecido, como
se ha querido dar a entender. Se mantiene, haciendo suya el Tribunal Supremo la doctrina ya
existente.

Desde el año 2011, el Tribunal Económico Administrativo Central mantiene la tesis ahora
establecida como Doctrina Jurisprudencial, en el sentido de considerar que la reducción prevista
en la normativa debe aplicarse sobre el valor de las participaciones transmitidas, pero
considerando la limitación de la proporción en que los activos de la entidad cuyas participaciones
son transmitidas estén afectos a la actividad empresarial que desarrolle aquella. Criterio seguido
por buena parte de los Tribunales Superiores de Justicia, si bien es cierto que algún otro Tribunal
(por ejemplo, el de Madrid) mantenía la tesis contraria, de ahí que la Sentencia del Tribunal
Supremo, dictada sobre un recurso de casación por unificación de doctrina, clarifique y
homogeneice definitivamente los criterios que deben de aplicarse por esos tribunales respecto de
esta cuestión.

Incluso como recoge la propia Sentencia, la interpretación que se sostiene es la más conforme al
Derecho Comunitario, pues la Recomendación de la Comisión 94/1069/CE, de 7 de diciembre,
señala:

“Es conveniente garantizar la supervivencia de la empresa mediante un trato fiscal adecuado de la
sucesión y la donación. Con este fin, se invita a los Estados miembros a adoptar una o varias de
las medida siguientes:

a)Reducir, siempre que se prosiga de manera creíble la actividad de la empresa durante un
período mínimo, la carga fiscal que grava los activos estrictamente profesionales, en caso de
transmisión mediante donación o sucesión, incluidos los derechos de sucesión, donación y
registro.”

Interpretación la de esta Sentencia que se ciñe estrictamente a esta Recomendación, al aplicar los
beneficios fiscales a los bienes estrictamente profesionales, esto es, a los elementos afectos, en
los términos de nuestra normativa.

Por tanto, y como dijimos al principio, no hay nada nuevo bajo el sol. El criterio que ya se estaba
aplicando adquiere ahora confirmación jurisprudencial, cerrando el debate sobre esta
controvertida cuestión, lo que es de agradecer ya que aporta la máxima seguridad jurídica en un
aspecto muy relevante de la conveniente planificación de este tipo de operaciones sucesorias.

Miguel Ángel Blanes Pascual
Director de Axium Consulting

Hoy, 22 de julio, ha sido publicado en el portal digital Sector del Juego, un artículo de opinión realizado por Miguel Ángel Blanes sobre los nuevos retos de las empresas de juego por las nuevas corrientes políticas y la modificación del Código Penal.

 

Texto íntegro.

Con la entrada en vigor de la Reforma del Código Penal el próximo 1 de julio, está creciendo la inquietud entre las empresas por la responsabilidad penal que a partir de ahora tendrán por delitos cometidos en su nombre o por cuenta de estas.

La implantación de sistemas de prevención de delitos para que las empresas puedan ser eximidas de tener responsabilidad penal, se convierte en una necesidad con la nueva regulación.

Desde AXIUM CONSULTING estamos  prestando ya este servicio mediante la implantación de un completo plan de Compliance a través de nuestra empresa asociada Complying SL.

La noticia entera aquí.

UNA NUEVA SENTENCIA QUE VIENE A AGITAR (AUN MAS) EL PANORAMA DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES.

El Tribunal Constitucional ha resuelto en fecha 18 de marzo de 2015 la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, contra el artículo 12.bis a) de la Ley de la Generalitat Valenciana 13/1997, que permitía la aplicación de regímenes de deducción distintos, para los mismos hechos imponibles, a unos contribuyentes u otros en función de su residencia, resultando beneficiados de esta norma exclusivamente los residentes en la Comunidad Valenciana al poder aplicar las correspondientes deducciones autonómicas, que alcanzan el 99 por ciento de la cuota, frente a los residentes en el resto de España, que no podían hacerlo. Así, el Tribunal Constitucional declara que la regulación autonómica vulnera el artículo 14 de la Constitución Española, en cuanto al principio de igualdad, y el artículo 31.1, en cuanto a la obligatoriedad de establecer un sistema tributario justo.

Como ya anticipábamos en nuestro artículo de 8 de septiembre de 2014, era más que previsible que el Tribunal Constitucional acabara declarando inconstitucional la normativa valenciana. Era inconcebible que un mismo hecho imponible derivara en tratamientos tributarios tan dispares, en función de un elemento como la residencia, que según señala la Sentencia, carece de justificación razonable.

Sin embargo, procede aclarar que esto no supone que las diferencias de tributación entre Comunidades autónomas estén puestas en cuestión, de forma directa, por esta Sentencia. La competencia fiscal entre Comunidades Autónomas, que subyace entre los principios del Sistema de Financiación vigente, pueden incluso resultar deseable, ya que permite responsabilizar a los gobiernos autonómicos frente a sus ciudadanos de las decisiones de ingreso y gasto que adopten. Decisiones que se pueden adoptar, incluso, atendiendo a los planteamientos políticos de los distintos gobiernos, que pueden concretarse en ejercer la opción de incrementar la carga fiscal en los tributos directos en detrimento de los indirectos, o viceversa. Pero, insistimos, no es esto lo que se dirime en la Sentencia analizada, sino la diferencia de trato por el mismo hecho imponible en función de la residencia en un territorio.

En todo caso, como ya dijimos en su momento, y en la línea expresada por la Comisión Lagares, resulta imprescindible la revisión urgente del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, tanto en su formulación teórica como en su estructura, demanda que resulta mucho más acuciante en tanto que se siguen produciendo pronunciamientos jurisdiccionales que le afectan de forma tan relevante.

Siguiendo la doctrina consolidada de ese Tribunal, limita los efectos de la Sentencia a los actos administrativos que no hayan adquirido firmeza. Contrasta esta limitación temporal (que ha sido reiterada en varias Sentencias, entre otras la 54/2002, de 27 de febrero, la 365/2006, de 21 de diciembre, o la 161/2012, de 20 de septiembre, reseñadas en la propia Sentencia) con la doctrina que emana del Tribunal Superior de Justicia de la UE, en concreto la reciente sentencia sobre el denominado “céntimo santiario” que extiende los efectos en el tiempo de forma indefinida.

Por tanto, sólo los procedimientos administrativos y procesos judiciales que aún no hayan adquirido firmeza podrán ser objeto de reclamación a efectos de las devoluciones de ingresos indebidos que se hayan podido producir, sin descartar la posibilidad de que se pudiera iniciar un procedimiento de solicitud de indemnización derivada de la responsabilidad patrimonial del estado legislador, en este caso la Comunidad Autónoma, tanto si las liquidaciones hubieran ganado firmeza como si no, que puede ser planteada en el plazo máximo de un año a partir de la fecha de publicación de esta sentencia.

Reunión de FEJBA

Las asociaciones de la Federación trasladarán la metodología a las diferentes empresas para dar cumplimiento a las previsiones normativas.

En el día de ayer, 24  de marzo,  y con ocasión de la Feria de juego Interazar, se mantuvo una reunión de los integrantes de FEJBA en la que se abordaron diversas cuestiones, referentes principalmente a los ámbitos fiscal y laboral.

En el primer apartado se decidió encargar a una Consultora la implantación de los sistemas de Prevención de Blanqueo de Capitales en los establecimientos de juego, dada la obligación legal que a éstos les incumbe. La implantación de los procedimientos, auditoría y demás requisitos se hará a través de las asociaciones integradas en FEJBA, las cuales trasladarán la metodología a las diferentes empresas para dar cumplimiento a las previsiones normativas.

 

Noticia entera en Sectordeljuego.com

El pasado 6 de Mayo se publicó en el BOE el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, que aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Este reglamento impone una serie  de actuaciones y medidas de control, entre otras a las empresas que gestionen, exploten o comercialicen loterías u otros juegos de azar.

Para asegurar la conveniencia de estas medias, se exige un examen externo por profesionales acreditados por el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).

Al margen de las actividades propias de consultoría empresarial, AXIUM Consulting se ha acreditado ante el SEPBLAC como profesional cualificado, por lo que está en disposición de ofrecer este servicio a las empresas que necesiten de este examen externo y posterior informe.

Durante la mañana de hoy se ha producido en Murcia la firma del contrato de patrocinio de Murciapuesta, con su marca Apuestas de Murcia, con los equipos deportivos de la UCAM.
Axium consulting ha participado en el asesoramiento del modelo de contrato.unnamed

En AXIUM CONSULTING hemos recibido el encargo de realizar un exhaustivo estudio sobre la situación del Bingo en la Comunidad Valenciana, solicitado por ALEBIN (Asociación Alicantina de Bingos), y otro análogo,  por encargo de AMEJ (Asociación Murciana de Empresarios del Juego), sobre la situación del Bingo en la Región de Murcia,

Este estudio se dividirá en cuatro partes:

– Una primera parte consistirá en un análisis comparativo de la tributación efectiva del Bingo con otros sectores del Juego, y otro análisis comparando tanto la Comunidad Valenciana como la Región de Murcia con las restantes Comunidades Autónomas.

– La segunda parte está centrada en la situación económico –  financiera de las empresas del sector del Bingo de ambas Comunidades Autónomas.

– En la tercera parte se analiza la evolución económica del Sector del Bingo, con el impacto de la situación económica y tributaria sobre la caída de recaudación, cierre de establecimientos y empleos perdidos.

– La última parte se dedica a la propuesta de mejora en la situación fiscal de los Bingos tanto en la Comunidad Valenciana como en la Región de Murcia.

 

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Durante la jornada de ayer se produjo la intervención del Director de Axium Consulting, Miguel Ángel Blanes Pascual, en la Feria del juego que se organiza en Valencia (EXPOJOC), y que acaba hoy.

En la ponencia, se analizaron los retos fiscales de los distintos subsectores, tanto de máquinas, como de bingos y casinos.

En la exposición se constató que la caída en las recaudaciones no sólo se han debido a la menor actividad por la renta disponible de los jugadores, sino también a la actuación de las comunidades autónomas tendentes a reducir la carga tributaria y acercarla a la realidad del mercado.

Por sectores, se incidió en los principales problemas.

Así, en los Casinos, se planteó la revisión de la cuota del IAE.
En los Bingos, se trasladó como imprescindible y urgente la mejora del tratamiento fiscal, homologándolas al resto de actividades.
La decisión sobre una cuota variable o fija en las máquinas y la relación mercantil entre operadores y propietarios del software era otro de los problemas a tratar.

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Como principales soluciones se pueden señalar las siguientes:

– En cuanto a los problemas derivados de las nuevas modalidades de juego, parece que se debería iniciar algún tipo de procedimiento de impugnación de las cuotas repercutidas de IVA.

– Con el IAE de los Casinos se podría plantear la revisión de las cuotas del impuesto.

– En las máquinas recreativas y salones de mediano tamaño, puede resultar rentable estudiar la segregación de las empresas o las ramas de actividad con el fin de ajustar su cifra de negocios a la cuantía necesaria para poder aplicar la exención del IAE.

– Hay consenso en que es imprescindible la mejora del trato fiscal a la actividad económica del juego del bingo.

– En la fiscalidad aplicable a las actividades de juego, parece que sería lógico iniciar un proceso de convergencia de tipos y forma de cálculo de la carga tributaria entre los distintos sectores. 
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El pasado 3 de septiembre de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de la UE
dictó la esperada sentencia que resolvía la demanda interpuesta por la
Comisión Europea contra que el Reino de España por introducir diferencias en
el trato fiscal dispensado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a los
no residentes en España, incumpliendo el artículo 63 del Tratado Fundacional
de la Unión Europea y el artículo 40 Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo en cuanto a la prohibición de las restricciones de los movimientos de
capitales y de la discriminación por razón de la nacionalidad o residencia. Así,
el Tribunal decide:

“Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le
incumben en virtud de los artículos 63 TFUE y 40 del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo de 2 de mayo de 1992, al permitir que se establezcan
diferencias en el trato fiscal de las donaciones y las sucesiones entre los
causahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España, entre
los causantes residentes y no residentes en España y entre las donaciones y
las disposiciones similares de bienes inmuebles situados en territorio español y
fuera de éste.”

Se pone así fin a un largo procedimiento, iniciado en el año 2007, en el que, en
el momento en que se nos concedió audiencia, las Comunidades Autónomas
advertimos del riesgo de que se produjera lo que, finalmente, ha acontecido, y
solicitamos que se considerara la reforma del Impuesto en el modelo de
financiación que se estaba preparando en ese tiempo. Solicitud que, como es
conocido, cayó en el olvido.

Esta Sentencia obliga al Estado a asumir como urgente una reforma del
Impuesto, que ha reclamado de forma expresa la Comisión Lagares,
introduciendo la necesaria racionalización en el mismo, su simplificación, que
solvente los problema derivados de las diferencias de tributación consecuencia
del ejercicio excesivo de la capacidad tributaria por algunas Comunidades
Autónomas, y dé cumplimiento esta sentencia. El Ministerio de Hacienda ya ha
manifestado su intención de excluir de la primera fase de la reforma tributaria
la imposición autonómica. Sin embargo, los acontecimientos deberían obligarle
a reconsiderar esta decisión.

Pero, siendo ya urgente esta reforma, más lo puede ser en breves fechas,
cuando el Tribunal Constitucional resuelva la Cuestión de Inconstitucionalidad
planteada por el Tribunal Supremo respecto del art. 12 bis de la Ley 13/1997
de la Comunidad Valenciana, por vulneración de los arts. 14 , 31.1 y 139.1 CE.
Esta puede ser (y, a mi juicio, debería de ser) la puntilla a la actual estructura
del impuesto y las competencias cedidas a las Comunidades Autónomas
respecto a la normativa del mismo, porque si bien la Sentencia del TSJ UE
afecta a la tributación de los no residentes, sujetos al Impuesto por obligación
real, siendo el rendimiento de esta modalidad del tributo atribuible a la
Administración General del Estado, una eventual declaración de
inconstitucionalidad de la Ley valenciana, aún cuando afectaría exclusivamente
a los actos administrativos dictados al amparo de ella, supondría la necesidad
de replantear los puntos de conexión del tributo y la atribución del rendimiento
del mismo a las Comunidades Autónomas, cuestión nada pacífica y más con el
efervescente escenario actual de la Financiación Autonómica.

¿Qué efectos pueden deducir los contribuyentes afectados por el contenido de
esta Sentencia?. Parece que son dos los mecanismos al alcance de los
contribuyentes que tributaron por esta modalidad: en primer lugar, instar un
procedimiento de devolución de ingresos indebidos, que difícilmente
prosperaría en la vía Administrativa, pero que tendría fundadas posibilidades
de éxito en la vía Contencioso – Administrativa. En segundo lugar, iniciar un
procedimiento de solicitud de indemnización derivada de la responsabilidad
patrimonial del estado legislador, tanto si las liquidaciones hubieran ganado
firmeza como si no, que puede ser planteada en el plazo máximo de un año a
partir de la fecha de publicación de esta sentencia. Y, por supuesto, y como es
obvio, esta Sentencia debería condicionar definitivamente la actividad
administrativa en los procedimientos de aplicación de los tributos o inspección
en curso o que se vayan a iniciar respecto de los contribuyentes por obligación
real.

Durante el día de ayer se celebró la Asamblea de FEJBA, dónde el director de Axium Consulting, Miguel Ángel Blanes, expuso su ponencia sobre fiscalidad del Bingo Electrónico.

Así mismo se emplazó al próximo mes de septiembre (días 23 y 24) para presentar durante EXPOJOC 2014 la plataforma eBingo Online España. EXPOJOC se celebrará en Valencia.

Referencia en Sectordeljuego.com

Noticia en Azarplus.com

Miguel Ángel Blanes junto a Julián Pérez y David Ballesteros

Miguel Ángel Blanes junto a Julián Pérez y David Ballesteros

 

El próximo martes 15 de julio, el director de Axium Consulting, Miguel Ángel Blanes, acudirá a la asamblea de FEJBA, la Federación de Juego presidida por José Ballesteros.

El director expondrá sus impresiones sobre la exención o no del IVA en algunas modalidades de bingo.

Noticia completa aquí.

Durante el próximo mes de septiembre (23 y 24) se celebrará en la Feria de Muestras de Valencia la Expo Congreso de Juego de la Comunidad Valenciana.

A esta cita acudirá el día 23 a las 13:40 el director de Axium Consulting, Miguel Ángel Blanes, donde analizará la situación fiscal actual del sector del juego y los principales problemas de la tributación de los juegos.

Toda la información del evento aquí.

El programa completo aquí.

expojoc

En la especializada revista para el juego privado, Sector del Juego, se ha publicado una referencia una referencia al trabajo desarrollado por el Director de Axium Consulting, Miguel Ángel Blanes, en su ejecutoria pública.

Enlace de la nota aquí.

 

congreso cofar con la presencia de Miguel Angel Blanes Axium

Hoy 29 de Mayo se celebra en Madrid el Congreso COFAR, un evento donde se analizará la situación que atraviesan los distintos subsectores del juego en España.

A dicho Congreso acudirá Miguel Ángel Blanes, director de Axium Consulting, como experto en la fiscalidad de este tipo de operaciones.

El evento se celebrará en el Hotel Auditorium de la capital del España.

Durante el día de ayer se llegó a un acuerdo de colaboración entre Apuestas de Murcia y Axium Consulting. Nuestra empresa colaboró desde el inicio del proyecto de introducción en el mercado de apuestas de esta empresa, participando en el diseño y configuración del mismo, obteniendo la primera licencia para la organización y explotación de las apuestas en la Región de Murcia, colaboración que tiene ahora continuidad. Por este acuerdo, Axium Consulting prestará los servicios de consultoría estratégica y de configuración de modelo de negocio en las diversas áreas de la actividad de la empresa.

Apuestas de Murcia es la marca regional líder en el sector de las apuestas, compuesta por diversas empresas relacionadas con el juego privado en la Región de Murcia.

 

Apuestas de Murcia

Hoy 27 de mayo ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) el Decreto nº 149/2014 de 23 de mayo por el que se establecen los requisitos y procedimiento para la acreditación de laboratorios de ensayo de material  para la práctica de juegos y apuestas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

El presente Decreto establece los requisitos que deben reunir los laboratorios de ensayo de material de juego y apuestas y regula el procedimiento de acreditación que permita el ejercicio de sus funciones en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia mediante la presentación de una declaración responsable del titular o representante de la entidad manifestando que cumple con los requisitos y dispone de la documentación establecidos en el mismo.

Enlace al decreto aquí.

El Boletín Oficial del Estado del 6 de mayo, ha publicado el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En él, se imponen obligaciones de carácter formal a las empresas que desarrollen actividades relacionadas con los juegos de azar, tanto en la identificación de los ganadores de los premios, como en los procedimientos internos en relación con las operaciones de pago de premios. El incumplimiento de estas obligaciones puede suponer el inicio de un expediente sancionador, en los términos establecidos en el Capítulo VIII de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
 
En Axium Consulting hemos participado en proyectos con empresas de Juego que requerían respuesta a este tipo de obligaciones formales, acreditando experiencia en la elaboración de manuales de procedimiento para las mismas, experiencia que ponemos a disposición de las empresas de Juego. 

 

miguel angel blanes axium

Tras su reciente salida de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda, Miguel Ángel Blanes Pascual se incorpora a la dirección de Axium Consulting, consultora de la que es socio.

Con esta nueva etapa, Miguel Ángel Blanes vuelve al sector privado en el que ya estuvo entre Septiembre de 2011 y Febrero de 2012, tras su paso por la Dirección General de Tributos y Juego, y antes de incorporarse a la citada consejería como parte del equipo del ex consejero Juan Bernal.

En Axium Consulting pondrá al servicio de los clientes los casi 19 años de experiencia en la Administración, tanto en el ámbito regional como local, y los conocimientos adquiridos especialmente en temas empresariales, tributarios y de juego privado.

Bienvenidos.

El próximo viernes 2 de Mayo abrimos nuestra oficina situada en la Avenida del Palmar 99.

En esta nueva localización ofreceremos los servicios de consultoría empresarial, tecnológica,
para empresas de juego privado, servicios TIC, asesoramiento financiero y fiscalidad
empresarial.

También estamos disponibles en el mail: info@axiumconsulting.es