Tag: Miguel Angel Blanes

Desde el año 1993, España ha incorporado a su ordenamiento jurídico medidas legislativas tendentes a la implantación de procedimientos de prevención del blanqueo de capitales, que incorpora a la regulación nacional la política internacional coordinada en este ámbito, tanto en la UE, como a través del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Estas normas son las que han servido de motivación a la modificación propuesta en el anteproyecto de Ley de modificación de la vigente Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (año 2010), actualmente en fase de exposición pública, modificación que también permitirá llevar a cabo ajustes y mejoras en la norma, derivados de la experiencia de su aplicación en sus casi 8 años de vigencia.

Analizaremos algunas de las modificaciones que incorpora el anteproyecto de Ley respecto de la norma actualmente vigente, dejando apuntado que su tramitación parlamentaria puede suponer notables cambios en el contenido del anteproyecto ahora analizado.

  1. Cambios en el régimen sancionador. Este régimen se adapta a la normativa UE, más duro que el actual. Se incrementan los importes máximos de las sanciones (la multa máxima por comisión de infracciones muy graves pasa del 5% del patrimonio neto al 10%, o de 1,5 millones de euros a los 5 millones), y se endurece el régimen aplicable a las personas con responsabilidad pública, considerando a todas las personas que ostenten dichas responsabilidades de alto riesgo.
  2. Incorporación de nuevos sujetos obligados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales y nuevas obligaciones formales, como las plataformas de financiación participativa o las sociedades gestoras de fondos de titulización, por su elevado perfil de riesgo. Crea la obligación de registro de los prestadores de determinados servicios a sociedades que deberán inscribirse de forma obligatoria en el Registro Mercantil competente por razón de su domicilio. E incrementa las obligaciones de las empresas de juego, que se extienden a toda su actividad. Incorpora dentro del concepto de sujetos obligados a las sociedades que sean la dominante en un grupo de empresas, que incluya dos o más entidades que lleven a cabo actividades sometidas a estas obligaciones impuestas por la Ley. Esta nueva incorporación va a suponer una notable ampliación de los sujetos obligados a implantar los procedimientos de prevención. Y se refuerzan las medidas a aplicar por parte de los sujetos obligados en sus relaciones con los países que presenten deficiencias estratégicas en sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  3. Desde la modificación del Código Penal del año 2015, se ha producido una creciente regulación que impone a las empresas la implantación de procedimientos preventivos. Esto afecta tanto a los procedimientos de prevención de delitos (programas de compliance), como a la protección de datos y, ahora, a la prevención del blanqueo de capitales. Este anteproyecto presta especial atención a la interacción entre las normas de protección de datos y de prevención del blanqueo de capitales. Obliga al establecimiento de los canales de denuncias, tanto públicos, como en el ámbito de los propios sujetos obligados de la Ley, que deberán contar con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la Ley o a los procedimientos internos de la entidad aprobados para dar cumplimiento a aquélla.

En todo caso, sería deseable que el legislador realizara un esfuerzo de realismo para que todo el ejercicio preventivo que se impone a las empresas, tanto en el ámbito del compliance penal, como en la protección de datos y el blanqueo de capitales, afectados por la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pudiera ser coordinado en un único órgano de la empresa, que operara como garante del cumplimiento normativo en sentido extenso. Que tengan que coexistir un ‘compliance officer’, un delegado de protección de datos y un representante ante el SEPBLAC en  las estructuras de las pymes, no parece asumible ni en términos de organización ni de costes.

Miguel Ángel Blanes Pascual ha escrito este artículo originalmente en la web ValenciaPlaza.com

El pasado viernes 10 de marzo, se celebró en Sevilla el 2º Foro Nacional del Bingo y que contó con la presencia de Miguel Ángel Blanes, socio-director de Axium Consulting.

Los medios online especializados han hecho un resumen de las mesas-debate y las demás intervenciones:

Noticia en Sector del Juego.
Noticia en Azarplus.

El próximo 10 de Marzo se celebrará en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla el 2º Foro Nacional del Bingo, organizado de manera conjunta por la Federación de Empresas de Juego del Bingo (FEJBA) y la Confederación Española de Organizaciones de Empresarios del Juego del Bingo (CEJ).

Dicho evento contará con la presencia de Miguel Ángel Blanes, socio-director de Axium Consulting en una de sus mesas-coloquio.

Bajo el título de “Hacia un nuevo modelo”, el Foro de la ciudad hispalense será una oportunidad para dilucidar el futuro del Sector, y, por ello, se han establecido 2 partes: la primera, “Perspectiva e inquietudes del Sector” contará con la presencia de responsables de las Administraciones públicas y diferentes empresarios del sector del juego; y una segunda mesa “Antes y después; desarrollo y progreso del Juego y su Normativa” en la que intervendrán ex-responsables de la Administración en materia de juego. En esta segunda mesa estará interviniendo Miguel Ángel Blanes, en calidad de Ex Director General de Tributos de la Región De Murcia.

Aquí el tríptico del Programa .

Durante el próximo miércoles 14 de diciembre se celebrará en el Salón de Actos del BBVA de Valencia la Jornada de “ACTUALIZACIÓN FISCAL, MERCANTIL Y LABORAL 2016 / 2017″ del despacho profesional TOMARIAL.

Como parte de la experiencia adquirida por Axium Consulting en materia de cumplimiento legal, a las 12 de la mañana, Miguel Ángel Blanes, socio Director, participará en la Jornada para la hablar de la importancia del Compliance en las PYMEs.

El programa completo de la Jornada se puede consultar aquí .

MABP

Miguel Ángel Blanes Pascual, socio director de Axium Consulting

Artículo originalmente escrito para SectorDelJuego

Que la situación de estancamiento política que vive España en estos momentos (aunque los cambios se suceden con una velocidad de vértigo, y lo que hoy es “no”, puede mutar en un “si” prácticamente sin solución de continuidad) afecta a todos los ámbitos de la actividad pública resulta incuestionable. La toma de decisiones políticas, que siempre supone un ejercicio de equilibrio entre distintos intereses, en esta situación se ven especialmente condicionadas por la incertidumbre que afecta a todo el entorno social, político y económico.

Y en especial cuando esta situación impide la formulación del instrumento básico para la política económica pública, que son los Presupuestos Generales del Estado. Presupuestos que, a su vez, impactan directamente en la formulación de los presupuestos autonómicos y las medidas de política fiscal que se adoptan en los ámbitos territoriales como complemento de las políticas presupuestarias. Los condiciona de tal manera que, en puridad, no podrían ni siquiera formularse, ya que falta la inicial aprobación del techo de gasto presupuestario, paso previo para la elaboración de los presupuestos, e incluso es cuestionable que puedan aprobarse por un gobierno en funciones que, por otra parte, tampoco parece que tenga excesivo interés en forzar las interpretaciones jurídicas que permitieran su elaboración.

Uno de los aspectos menos conocidos es, precisamente, el impacto que esta ausencia tiene sobre las arcas autonómicas. Y es que buena parte de la financiación de las CCAA depende de la aplicación del sistema de financiación autonómica, en forma de entregas a cuenta y liquidación del periodo anterior, que tienen su habilitación precisamente en los Presupuestos Generales del Estado.

Si no hay presupuestos generales, y en consecuencia se tienen que prorrogar automáticamente los presupuestos anteriores, va a ser difícil que se produzcan las necesarias y largamente aplazadas modificaciones de la financiación autonómica, por lo que la situación de estrechez de las finanzas regionales puede llevar a la tentación de incrementar los recursos que tienen a su alcance, sobre el que tienen capacidad normativa, como son los tributos propios y, sobre todo, los tributos cedidos, entre los que destacan, por las elevadas competencias normativas atribuidas a las CCAA, la Tasa Fiscal sobre el Juego. Tributo que, en manos de gobiernos con marcado sesgo populista, no supone ningún coste político, más bien al contrario, su corrección al alza.

En ese entorno, no es en absoluto descabellado pensar que alguna comunidad caiga en la tentación de subir los tipos de gravamen de estas actividades, como (presunto y erróneo) medio de incrementar los recursos disponibles para financiar sus políticas. O, como mal menor, que demoren para otro momento la adopción de medidas en el ámbito tributario que permita una convergencia fiscal entre los diversos subsectores del juego, y que corrijan algunas injusticias que arrastran algunos sectores, algunos de forma secular, como el caso comentado de forma reiterada del Bingo. Sería un grave error que daría al traste con la incipiente recuperación del sector y la consolidación de las nuevas iniciativas que se están adoptando.

Y si bien errar es propio de cualquier hombre, sólo es propio del ignorante perseverar en el error.

Durante la mañana del 29 de Abril, el Colegio de Abogados de Albacete y Wolterskluwer organizarán una jornada sobre La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. La figura del Compliance.

En esta Jornada participará Miguel Ángel Blanes, director de Axium Consulting, con una ponencia sobre “Aspectos prácticos de la Implantación de un programa de Compliance”, dada su condición de socio fundador de Complying SL y tras la reciente implantación de varios programas de Compliance por esta empresa.

A la jornada también acudirán Don Julio Guerrero Zapara, Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Penal de Murcia y Don Jaime Sánchez-Vizcaíno Rodríguez, Abogado, Doctor en Derecho y Profesor de Derecho Mercantil.

El evento se celebrará en  el Salón de Actos del Hotel Los Llanos (Albacete).

Noticia completa aquí.

La web www.jocprivat.com, especializada en el sector del juego, publica un amplio reportaje sobre el pasado Congreso del Juego de Castilla y León, celebrado en el mes de noviembre en la capital de la citada Comunidad.

El artículo destaca las principales ideas de la mesa redonda en la que participó Miguel Ángel Blanes, director de Axium Consulting, y que estuvo moderada por Fernando Prats.

Enlace.

La Revista Profesional de la Industria del Juego en España, Joc Privat, publica hoy un artículo sobre las reflexiones de Miguel Ángel Blanes, director de Axium Consulting, en el marco del coloquio que tuvo lugar en el XII Congreso de Juego de Castilla y León el pasado martes.

El texto recoge las principales declaraciones de Miguel Ángel, tales como:

Miguel Ángel Blanes se expresó una vez más desde que ya no desempeña responsabilidades como regulador de Juego del Gobierno de la Región de Murcia con una gran sensibilidad en torno a determinados retos que afronta el conjunto del Juego Privado en su relación con las Comunidades Autónomas. En la presentación a su intervención Fernando Prats lo introdujo indicando que “Blanes ahora está en el lado oscuro”
como oposición al ‘otro lado’ que asumen los reguladores autonómicos.

 

El texto íntegro aquí.

 

El próximo 25 de noviembre a las 17 horas, se celebrará en el Salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia una ponencia de Miguel Ángel Blanes Pascual, socio director de Axium Consulting, sobre “Las Comprobaciones de Valores. Aspectos legales y prácticos“.

 

La inscripción a la jornada se puede tramitar aquí.

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo sobre la fiscalidad de la sucesión de la
empresa familiar: nada nuevo bajo el sol.

De nuevo está el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en el centro de la actualidad fiscal en
la Región de Murcia. A la muy acertada modificación de la normativa autonómica en la Región de
Murcia a través del Decreto Ley 1/2015, de 6 de agosto, convalidado en la Asamblea Regional el
pasado 5 de septiembre, se suma ahora la noticia sobre una reciente Sentencia del Tribunal
Supremo que afecta a las sucesiones de empresas familiares, valorada en unos términos que
parecen excesivos respecto a la realidad de lo que se ha producido.

Los medios de comunicación han recogido la noticia con titulares muy llamativos, como por otra
parte es su obligación si quieren hacerla atractivo al lector, aún a costa de una cierta imprecisión.
Por ejemplo, Expansión titula:

“Varapalo del Supremo a la fiscalidad en la sucesión de la empresa familiar”

Y no, ciertamente no es así. El Supremo viene a sentar con carácter jurisprudencial un criterio
consolidado ya en buena parte de los Tribunales Superiores de Justicia, en la doctrina del Tribunal
Económico Administrativo Central, e incluso en los criterios previos que emanan de la Dirección
General de Tributos y, por tanto, en la actuación de las Administraciones responsables de la
gestión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Por tanto, nada nuevo bajo el sol.

Porque, veamos, ¿cuál es el problema real que condiciona a la sucesión de la empresa familiar de
este “nuevo” criterio?. Pues como casi todo lo que afecta al ámbito tributario, si se actúa de forma
prudente desde las empresas, prácticamente ninguno. Los riesgos fiscales aparecen cuando,
mediante la interposición de figuras societarias, se pretende aprovechar determinadas economías
de opción de difícil encaje legal con el fin de obtener una tributación efectiva menor. Si en las
empresas radican exclusivamente los activos estrictamente necesarios para el desarrollo de la
actividad, o incluso aquellos activos que, no siendo estrictamente necesarios en un momento
concreto, sí lo pueden ser en un futuro, siempre debidamente justificados (por ejemplo, mediante
un adecuado plan de inversiones), las empresas no tienen nada que temer: la tributación en la
sucesión de estas empresas seguirá respondiendo a la finalidad prevista en la reducción, que no
es otra que favorecer su tránsito generacional, pudiendo aplicar el beneficio fiscal en toda su
extensión.

En el supuesto de hecho de la Sentencia en cuestión, el activo de la empresa heredada incluía
una SICAV, e inversiones financieras temporales constituidas por acciones de un banco y dos
fondos de inversión de la misma entidad. Estos activos financieros suponían más del 50% del total
del activo de la empresa y, de acuerdo con la actividad que desarrollaba la misma, no se pudo
acreditar que estas inversiones financieras tuvieran afección directa al desarrollo de la actividad, ni
presente ni futura. Por tanto, el criterio que procede aplicar en estos supuestos es que el beneficio
fiscal previsto en la normativa se aplica sólo al porcentaje de los elementos afectos al desarrollo
de la actividad, y no a los no afectos. Pero, en todo caso, y sobre los elementos afectos, sigue
siendo posible aplicar el beneficio fiscal establecido en la norma. Que no ha desaparecido, como
se ha querido dar a entender. Se mantiene, haciendo suya el Tribunal Supremo la doctrina ya
existente.

Desde el año 2011, el Tribunal Económico Administrativo Central mantiene la tesis ahora
establecida como Doctrina Jurisprudencial, en el sentido de considerar que la reducción prevista
en la normativa debe aplicarse sobre el valor de las participaciones transmitidas, pero
considerando la limitación de la proporción en que los activos de la entidad cuyas participaciones
son transmitidas estén afectos a la actividad empresarial que desarrolle aquella. Criterio seguido
por buena parte de los Tribunales Superiores de Justicia, si bien es cierto que algún otro Tribunal
(por ejemplo, el de Madrid) mantenía la tesis contraria, de ahí que la Sentencia del Tribunal
Supremo, dictada sobre un recurso de casación por unificación de doctrina, clarifique y
homogeneice definitivamente los criterios que deben de aplicarse por esos tribunales respecto de
esta cuestión.

Incluso como recoge la propia Sentencia, la interpretación que se sostiene es la más conforme al
Derecho Comunitario, pues la Recomendación de la Comisión 94/1069/CE, de 7 de diciembre,
señala:

“Es conveniente garantizar la supervivencia de la empresa mediante un trato fiscal adecuado de la
sucesión y la donación. Con este fin, se invita a los Estados miembros a adoptar una o varias de
las medida siguientes:

a)Reducir, siempre que se prosiga de manera creíble la actividad de la empresa durante un
período mínimo, la carga fiscal que grava los activos estrictamente profesionales, en caso de
transmisión mediante donación o sucesión, incluidos los derechos de sucesión, donación y
registro.”

Interpretación la de esta Sentencia que se ciñe estrictamente a esta Recomendación, al aplicar los
beneficios fiscales a los bienes estrictamente profesionales, esto es, a los elementos afectos, en
los términos de nuestra normativa.

Por tanto, y como dijimos al principio, no hay nada nuevo bajo el sol. El criterio que ya se estaba
aplicando adquiere ahora confirmación jurisprudencial, cerrando el debate sobre esta
controvertida cuestión, lo que es de agradecer ya que aporta la máxima seguridad jurídica en un
aspecto muy relevante de la conveniente planificación de este tipo de operaciones sucesorias.

Miguel Ángel Blanes Pascual
Director de Axium Consulting