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Artículo escrito por Miguel Ángel Blanes Ortuño, Gerente de Axium Consulting.

Hoy, viernes 21 de Septiembre, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el Decreto 190/2018, que modifica el Reglamento de Apuestas de la Comunidad.

Las dos principales novedades son el bloqueo automático de los terminales de apuestas en salones y la posibilidad de solicitar una consulta de viabilidad del local, semejante a la que existe para los Salones de juego.

Completando lo anterior, se han producido las siguientes cambios reglamentarios:
Se produce la modificación del Artículo 9.2, suprimendo requisitos para empresas de apuestas como estar inscritas en la Sección 1ª del Registro General de Juego;  tener un domicilio fiscal o establecimiento permanente en la Comunidad y  tener inscrito el material de apuestas en la Sección 3ª del citado Registro.
También se modifica del Artículo 17.6, en el cuál se añaden las siguientes obligaciones:
–  Los Casinos, bingo y Salones tendrán servicio de admisión/recepción de paso obligado para acceder al córner de apuestas.

– Los terminales de apuestas tendrán que tener un sistema de bloqueo automático en los Salones de Juego, con el fin de impedir apostar a menores y prohibidos.

El Artículo 19, referente a los Locales específicos de apuestas, se sustituye entero. La nueva redacción establece los siguientes puntos:
1) El servicio de cafetería, no tendrá una superficie superior al 50% de la total.
2) Se podrá instalar un máximo de 3 máquinas B o multipuesto, sin que el total de puestos de jugador sea más de 3.
3) Tendrá que cumplirse el radio mínimo de 200 metros con otros locales de juego. Esta limitación no tendrá que cumplirse en las áreas de apuestas de instalaciones deportivas.
4) Se podrá formular una consulta previa de viabilidad del local. Se tendrá que adjuntar la siguiente documentación:
* Un plano del Local a escala 1/100.
 * Las Medidas de seguridad del mismo.
 * La Memoria descriptiva del local.
 * El Plano de situación del local, escala no superior a 1/2000 para demostrar que se cumple el radio de 200 metros requerido..
Esta contestación, sea en sentido positivo o negativo, será en 3 meses, no siendo una autorización, solo una valoración sobre su posibilidad.
5) Las solicitudes para la autorización incluirán los mismos documentos que para la consulta previa (si no se hubiera planteado ya) más un documento que acredite la disponibilidad del local y un modelo del rótulo a instalar.
6) Si la documentación fuera incompleta/defectuosa, se dará un plazo de 10 días, si no se dará por desistido.
7) La resolución de la autorización en 3 meses.
8)  Si la resolución fuera contraria, se indicarán medidas correctoras. Si no se adoptan en un mes se tendrá por desistido.
9) Si es favorable, en el plazo de 1 año se aportará:
 * Título habilitante para el ejercicio de la actividad.
 * Certificado técnico que constatará el final de las obras.
 * Justificante de la Fianza de 20.000€.
El plazo de 1 año sin presentar estos documentos supondrá la caducidad del procedimiento.
10) La Carm solicitará informe al Ayuntamiento sobre la fecha de inicio de efectos de los títulos de actividad. Se ordenará la inspección del local, las modificaciones necesarias en menos de un mes. Después una segunda inspección, si no se pasa, caduca el procedimiento.
11) Cumplidos los requisitos, se otorgará la autorización. El plazo de resolución es de 3 meses, con silencio estimatorio de la solicitud.
12) La autorización de funcionamiento, inscrita en el Registro General del Juego, irá vinculada a la autorización de apuestas, incluida la renovación. La renovación requerirá una declaración responsable del cumplimiento de los requisitos, con dos meses de antelación a la fecha de expiración.
13) La modificación de la autorización se SOLICITARÁ en caso de ampliación y de reforma en caso de cambio de configuración, ampliación/disminución de la superficie o de las condiciones de seguridad.
14) Se COMUNICARÁ previamente en caso de modificaciones no sustanciales o de suspensión de funcionamiento por menos de 30 días.

15) La autorización se extinguirá en caso de expiración de la vigencia; renuncia expresa; cancelación o caducidad de la inscripción de la empresa en el Registro General del Juego; o por revocación mediante resolución motivada (se pierdan condiciones, falsedad en la solicitud, se imponga como sanción, se acuerde por el órgano competente o esté cerrado más de 30 días sin previa autorización salvo fuerza mayor).

Por último, se modifica el Art 39, suprimiendo el apartado 2 que dice que ” Toda apuesta deberá formalizarse por múltiplos exactos de la unidad mínima de apuesta correspondiente y se considerará integrada por tantas apuestas unitarias como la cifra apostada contenga la unidad mínima.”

Con todo esto, queda modificado el Reglamento de Apuestas cuyos cambios entrarán en vigor en 20 días.

Artículo escrito por Lina Bernabé, responsable de Prevención del Blanqueo de Capitales de Axium Consulting.

Como bien saben, estábamos a la espera de la modificación de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo consecuencia de la transposición de la Directiva (UE) 2015/849, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

En el día de ayer (5 de septiembre) se publicó Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y
requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta norma tiene
alguna variación respecto al anteproyecto inicial que les avanzamos en su momento.

Destacamos algunas cuestiones vinculadas al Sector de Juego:

– Nueva redacción al apartado u) del artículo 2.1 de sujetos obligados:
«u) “Las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar presenciales o por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos. En el caso de loterías, apuestas mutuas deportivo-benéficas, concursos, bingos y máquinas recreativas tipo “B” únicamente respecto de las operaciones de pago de premios.»

– Disminución de la cuantía de identificación para operaciones que pasa de 2.500 euros a 2.000 euros en una operación o en varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación.

– Establecimiento del procedimiento interno de comunicación, tanto público, como en el ámbito de los propios sujetos obligados de la Ley, que, deberán contar con canales específicos para la denuncia interna de conductas
contrarias a la Ley o a los procedimientos internos de la entidad aprobados para dar cumplimiento a aquélla.

– Interacción entre las normas de protección de datos y de prevención del blanqueo de capitales. Especialmente para el cumplimiento de la obligación de identificación de clientes y para los procedimientos de comunicación internos y externos. Por tanto, vinculación al cumplimiento de la normativa en el ámbito de protección de datos. Les  recordamos que prestamos servicios también en materia de protección de datos.

– Se endurece el régimen sancionador y se elevan cuantías de importes máximos para infracciones muy graves de 600.000 y 1.500.000 pasa a 10.000.000 euros, graves de 60.000 y 150.000 pasa a 5.000.000 euros o leves
hasta 60.000 euros.

Estaremos encantados de ayudarles en la adecuación de sus procedimientos a las nuevas previsiones que establecen esta norma y las sucesivas que se aprueben como venimos haciendo durante todo este periodo.

Les mantendremos oportunamente informados de las novedades que se vayan produciendo y procederemos a ir adecuando sus Sistemas de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo a lo
que establezca la legislación vigente en la materia en cada momento como parte de nuestro servicio de mantenimiento continuo del Sistema.

El pasado miércoles 23 de Mayo se realizó la sesión informativa sobre el nuevo Reglamento de Protección de Datos para las empresas que están dentro de la asociación empresarial FEJBA.

La Jornada estuvo dirigida por Miguel Ángel Blanes, director de Axium Consulting.

 

Noticia en Sector del Juego aquí.

Noticia en Azarplus aquí.

Noticia en infoplay aquí.

El próximo 23 de Mayo tendrá lugar en el Hotel Meliá Madrid Serrano una sesión formativa para las empresas que forman parte de la asociación FEJBA.

El curso será impartido por Miguel Ángel Blanes, socio-director de Axium Consulting y versará sobre la incidencia de la nueva normativa en Protección de Datos en las salas de juego y en los Programas de Prevención del Blanqueo de Capitales, necesarios para cumplir con la legalidad vigente.

 

 

Artículo escrito por Lina Bernabé, responsable del área de Prevención del Blanqueo de Capitales de Axium Consulting.

Recientemente han sido publicadas en el BOE la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, y la Orden JUS/318/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueba el nuevo modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación. Ambas Órdenes entraron en vigor el día siguiente de su publicación, y resultan de aplicación para la presentación de las cuentas anuales del ejercicio 2017, salvo para compañías que hayan aprobado y efectuado el depósito de sus cuentas anuales en el Registro Mercantil competente con anterioridad a la entrada en vigor de esta nueva normativa (28 marzo de 2018).

La principal novedad en la información que se debe presentar en el Registro Mercantil está motivada por la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y se centra en un nuevo formulario en el que debe manifestarse la «identificación del titular real de la sociedad».

Esta Directiva, cuyo plazo de transposición finalizó el 26 de junio de 2017, en su artículo 30.3 estableció que «Los Estados miembros se asegurarán de que la información (…) sobre la titularidad real se conserve en un registro central en cada Estado miembro, por ejemplo un registro mercantil o un registro de sociedades (…) o en un registro público».

Dada la finalización del plazo para la transposición del citado artículo y como consecuencia del llamado «efecto útil» de las Directivas, ha parecido conveniente implementar un nuevo formulario en el que las sociedades, en el momento de presentar a depósito sus cuentas anuales en el Registro Mercantil, hagan la declaración acerca del titular real.

No supone una nueva obligación general para todas las sociedades, pues solo deberán cumplimentarlo aquellas que tengan una titularidad real a favor de personas físicas, de forma directa o indirecta, de más del 25% de su capital social, pudiendo, en cuanto a los llamados titulares asimilados, remitirse a los libros del propio Registro Mercantil. En ejercicios sucesivos dicho formulario solo deberá ser cumplimentado si se han producido cambios en la titularidad real. De la declaración debidamente depositada, se dará la publicidad prevista en el artículo 30.3 de la Directiva, con sujeción, en su caso, a las normas sobre protección de datos de carácter personal.
Se entiende por «titular real» a la «persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica». Si el control es indirecto por medio de una persona jurídica deberá indicarse la identidad de esta.

Es fundamental en los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y financiación de terrorismo, saber quiénes son las personas físicas que están realmente detrás de las transacciones que son objeto de análisis por parte de los sujetos obligados a aplicar la normativa preventiva.

El pasado martes, 10 de abril, se celebró el III Foro Nacional del Bingo en la ciudad de Logroño.

Miguel Ángel Blanes, socio-director de Axium Consulting, participó en el evento y moderó una de las mesas, concretamente la que llevaba como título “Necesidades para una oferta global del ocio en las Salas de Bingo”.

El resumen del coloquio se puede consultar en la web de Infoplay.

Artículo de Pedro Guirao, abogado en Axium Consulting y publicado originalmente en Sectordeljuego.

Las particularidades que hay en torno al Sector del Juego y el tinte proteccionista que la legislación ha tomado en los últimos decenios ha ocasionado que la legislación estatal y autonómica establezcan prohibiciones para impedir que determinados colectivos puedan participar de los juegos de azar, entre los que encontramos a los menores de edad, a los inscritos en el Registro de Prohibidos o a los deportistas con respecto a los eventos en los que participen, por citar los casos más conocidos. Las razones para ello son múltiples, y aunque no son objeto de este artículo es fácil intuir que abarcan desde la prevención de la adicción al juego en los menores, pasando por contribuir a la rehabilitación de los ciudadanos afectados por las alteraciones derivadas de la ludopatía, hasta la tutela del desarrollo de los eventos deportivos bajo las normas de fair play, entre otras.

A partir de ahí, como es lógico, la normativa de desarrollo obliga a que en los Salones de Juego se produzca la identificación de los individuos que acceden a los mismos, ello a los efectos de llevar a buen término esta política a la que antes se hacía referencia. En ese sentido, la legislación establece la necesidad de que exista un servicio de recepción que exija la identificación de los usuarios.

Sentado ello, y sin desmerecer los altos intereses que la normativa busca salvaguardar, conviene descender a la realidad y constatar que los Salones de Juego no son lúgubres pozos de vicio y perversión –imagen que una parte de la Sociedad posee– sino lugares de encuentro de amigos que quedan para ver competiciones deportivas, locales donde la gente va a desayunar o merendar porque muchos cuentan con un servicio de hostelería de primer nivel, etc. y finalmente sí, efectivamente, sitios donde la gente, además, realiza apuestas y practica juegos de azar. En definitiva, que en muchas ocasiones los Salones de Juego cuentan con clientes de lo más habitual y reconocible, como muchos otros establecimientos.

Pues bien, a raíz de recientes pronunciamientos de los tribunales convendría que las Administraciones tuvieran realmente en cuenta este estado de cosas y, sin dejar de poner celo en la preservación de los altos intereses que con las prohibiciones subjetivas se tutelan, interpretaran las normas de una forma integradora y acorde con la realidad efectiva. Digo ello porque desde mi punto de vista sería un error que los agentes de las Brigadas de Juego en sus inspecciones de incógnito a los Salones de Juego se apresuraran a levantar Acta de Infracción en cuanto a alguien no se le pida su Documento Nacional de Identidad, ello sin mayor reflexión. Creo que el razonamiento que realiza al respecto la Sentencia nº 70/2017, de 29 de marzo, del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 1 de Zaragoza –que revoca una sanción a un Salón de Juego por no pedir el DNI a un usuario– lo explica mucho mejor de lo que podría hacerlo yo: “De este modo, no cabe descartar que la identificación se hubiera producido por notoriedad, mediante una aplicación analógica de la legislación notarial. A favor de esta posibilidad, se encuentra la existencia de una de las llamadas tarjetas de fidelización a su nombre, cuya copia fue aportada en vía administrativa. Es verdad que, en la resolución de la Sra. Jefe de Servicio, se pretende justificar que la identificación se realice a través del Documento Nacional de Identidad (ya que es “el documento público que contiene los datos de identificación personal e inequívoca de los ciudadanos, emitido por un empleado público y con autoridad competente, que permite al ciudadano identificarse para cualquier ámbito de la sociedad”), pero lo cierto es que no se ha reseñado precepto alguno de la normativa sancionadora que impida realizar el control de identidad sin esa documentación oficial. De hecho, el encargado manifestó en el momento de la denuncia que se había producido la identificación sin necesidad de que exhibiera la documentación oficial, ya que era cliente habitual y que se habían comprobado sus datos en el REJUP”.

Y es que es importante subrayar que las Administraciones parecieran asociar la necesaria identificación de los usuarios con la solicitud continua del DNI, lo cual no es exigido en muchas ocasiones por la normativa, pues ni la murciana ni la aragonesa lo hacen, por ejemplo. Conviene resaltar que no se trata el citado de un pronunciamiento judicial aislado, pues en el mismo sentido resuelve la Sentencia nº 173/2017, de 4 de julio, del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 2 también de Zaragoza, cuando dice: “Al respecto, la necesidad de identificación con documento fehaciente no se exige en la norma, y puede ser realizada de otro modo.”

Se puede argumentar, de contrario, que la identificación a través de DNI es la única forma de verificar, efectivamente, que el usuario en cuestión no se inscribió en el Registro de Prohibidos el día anterior. Este apunte no se le pasó por alto a los jueces al resolver, pues consta en la primera Sentencia, por ejemplo, la reflexión de la Administración al respecto: “El hecho de calificar el actor al cliente como ‘habitual’ no le exime de la obligación […] de solicitar su identificación, a los efectos de […] velar por la efectividad de impedir el acceso al local de juego a un ‘cliente habitual’ que con carácter previo hubiera solicitad su inscripción en el Registro de Prohibidos”. A pesar de ello, la Sentencia revocó la sanción igualmente.

Y es que si la Administración quiere que la identificación se produzca a través de DNI lo cierto es que así debe exigirlo la normativa. Mientras tanto, existen otras formas de identificar a los usuarios que, en el caso de los clientes habituales, si se prueba debidamente y bajo determinadas circunstancias, puede conllevar que la sanción se revoque en vía jurisdiccional, especialmente si se comprueba que los mismos efectivamente no se habían inscrito con anterioridad en el Registro de Prohibidos.

Hecha esta reflexión, si los Salones de Juego realizan la identificación de los usuarios a través de documento fehaciente en todo caso, momento y circunstancia, eliminaran cualquier margen de error o interpretación, por razones lógicas.

Desde el año 1993, España ha incorporado a su ordenamiento jurídico medidas legislativas tendentes a la implantación de procedimientos de prevención del blanqueo de capitales, que incorpora a la regulación nacional la política internacional coordinada en este ámbito, tanto en la UE, como a través del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Estas normas son las que han servido de motivación a la modificación propuesta en el anteproyecto de Ley de modificación de la vigente Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (año 2010), actualmente en fase de exposición pública, modificación que también permitirá llevar a cabo ajustes y mejoras en la norma, derivados de la experiencia de su aplicación en sus casi 8 años de vigencia.

Analizaremos algunas de las modificaciones que incorpora el anteproyecto de Ley respecto de la norma actualmente vigente, dejando apuntado que su tramitación parlamentaria puede suponer notables cambios en el contenido del anteproyecto ahora analizado.

  1. Cambios en el régimen sancionador. Este régimen se adapta a la normativa UE, más duro que el actual. Se incrementan los importes máximos de las sanciones (la multa máxima por comisión de infracciones muy graves pasa del 5% del patrimonio neto al 10%, o de 1,5 millones de euros a los 5 millones), y se endurece el régimen aplicable a las personas con responsabilidad pública, considerando a todas las personas que ostenten dichas responsabilidades de alto riesgo.
  2. Incorporación de nuevos sujetos obligados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales y nuevas obligaciones formales, como las plataformas de financiación participativa o las sociedades gestoras de fondos de titulización, por su elevado perfil de riesgo. Crea la obligación de registro de los prestadores de determinados servicios a sociedades que deberán inscribirse de forma obligatoria en el Registro Mercantil competente por razón de su domicilio. E incrementa las obligaciones de las empresas de juego, que se extienden a toda su actividad. Incorpora dentro del concepto de sujetos obligados a las sociedades que sean la dominante en un grupo de empresas, que incluya dos o más entidades que lleven a cabo actividades sometidas a estas obligaciones impuestas por la Ley. Esta nueva incorporación va a suponer una notable ampliación de los sujetos obligados a implantar los procedimientos de prevención. Y se refuerzan las medidas a aplicar por parte de los sujetos obligados en sus relaciones con los países que presenten deficiencias estratégicas en sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  3. Desde la modificación del Código Penal del año 2015, se ha producido una creciente regulación que impone a las empresas la implantación de procedimientos preventivos. Esto afecta tanto a los procedimientos de prevención de delitos (programas de compliance), como a la protección de datos y, ahora, a la prevención del blanqueo de capitales. Este anteproyecto presta especial atención a la interacción entre las normas de protección de datos y de prevención del blanqueo de capitales. Obliga al establecimiento de los canales de denuncias, tanto públicos, como en el ámbito de los propios sujetos obligados de la Ley, que deberán contar con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la Ley o a los procedimientos internos de la entidad aprobados para dar cumplimiento a aquélla.

En todo caso, sería deseable que el legislador realizara un esfuerzo de realismo para que todo el ejercicio preventivo que se impone a las empresas, tanto en el ámbito del compliance penal, como en la protección de datos y el blanqueo de capitales, afectados por la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pudiera ser coordinado en un único órgano de la empresa, que operara como garante del cumplimiento normativo en sentido extenso. Que tengan que coexistir un ‘compliance officer’, un delegado de protección de datos y un representante ante el SEPBLAC en  las estructuras de las pymes, no parece asumible ni en términos de organización ni de costes.

Miguel Ángel Blanes Pascual ha escrito este artículo originalmente en la web ValenciaPlaza.com

Artículo originalmente publicado en la revista digital SectordelJuego por Pedro Guirao, abogado de Axium Consulting.

A pesar de que son varios los delitos que pueden cometerse vinculados al Sector del Juego, la gran mayoría de ellos no dejan de ser tipos penales que pueden aparecer en mayor o menor medida en cualquier esfera empresarial, ello con una excepción; la previsión recogida en el artículo 286 quater en relación con el artículo 286 bis del Código Penal. En la concordancia de esos dos artículos aparece la única tipificación expresa en el ordenamiento penal español de una conducta que, por definición, únicamente puede ser cometida en la órbita del Sector del Juego; la corrupción en el deporte con la finalidad de influir en el desarrollo de juegos de azar o apuestas.

El delito se encuentra dentro de la Sección del Código Penal destinada a la corrupción en los negocios y castiga a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva y a los deportistas, árbitros o jueces respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva. A este respecto, las pruebas, encuentros o competiciones deportivas tendrán especial relevancia económica cuando la mayor parte de los participantes perciban cualquier tipo de retribución, compensación o ingreso económico por tomar parte de ellas, y poseerán especial relevancia deportiva cuando sean calificadas en el calendario deportivo anual aprobado por la federación deportiva correspondiente como competición oficial de la máxima categoría de la modalidad, especialidad o disciplina que se trate.

Es en el tipo agravado de esa conducta donde encontramos la conexión expresa con el Sector, pues el Código Penal le atribuye “especial gravedad” a los comportamientos descritos en el párrafo anterior cuando tengan como finalidad “influir en el desarrollo de juegos de azar o apuestas”. Cuando ello suceda, el legislador pide a los jueces la imposición de la pena prevista para esos delitos en su mitad superior o, incluso, superior en grado. Conviene tenerlo en cuenta en la medida en que la pena para el tipo básico es de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja.

Esta previsión se incorporó al Código Penal con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, por lo que hasta ese momento no existía ninguna precisión en la que se mentara de forma específica al Sector en nuestra norma penal.

La valoración de esta introducción no es negativa para el Sector, más bien al contrario, y es que el Derecho Penal no está únicamente para darnos sustos, sino también para protegernos. Con independencia de las objeciones técnicas que se puedan tener al respecto, lo cierto es que se trata de una herramienta que puede ser muy eficaz para proteger al Sector de los abusos que tradicionalmente han rodeado al mundo de las apuestas deportivas, de los que son notorios los casos más flagrantes de corrupción, que no solo han sido noticia en el Sector sino que han tenido un alcance más global, dada la importancia y relevancia social que tienen los eventos deportivos, como bien recuerda el Dictamen del Consejo de Estado nº 1404/2009, de 29 de octubre de 2009.

Además, el legislador no deja nada en el tintero, pues establece el delito como de simple actividad, lo cual quiere decir que no se exige el concreto resultado deportivo –por lo que la mera conducta corrupta es ya delictiva– y prevé también la posibilidad de que el delito sea también cometido por una persona jurídica, tal y como recogen los artículos 31 bis y 288 del Código Penal, lo que conlleva una serie de consecuencias que no deben escapárseles a las empresas en la órbita del Sector, en línea de lo que subrayé en esta misma página cuando hablé de los bingos y el delito de contrabando en los programas de compliance.

Hablando del legislador en ese artículo comentaba también que las necesidades de prevención de riesgos penales no se extendían al sector público. En línea con ello hay que subrayar con respecto a este delito que las conductas que sanciona pueden ser, en el plano fáctico, cometidas por personas y entidades que no pertenezcan al sector privado, pero debido a la configuración del tipo penal sus eventuales actuaciones quedarían fuera de la reacción penal creada, como también recuerda el Dictamen del Consejo de Estado antes referido.

Para terminar conviene hacer un poco de pedagogía con respecto a la confusión que habitualmente existe en relación con las conductas que abarcan estos llamados fraudes deportivos. Para ello hay que poner el acento en el verbo típico del delito, que no es otro que “predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta”, lo que nos indica que cuando se prime a alguien exigiéndole un mayor rendimiento no será de aplicación el delito, pues con esa prima ni se predetermina ni se altera el resultado de ninguna prueba o competición. Por la misma razón, tampoco lo será cuando lo que se haga sea premiar un resultado a posteriori. En consecuencia, el horizonte típico viene determinado por que se prime a alguien exhortándole a que se “deje ganar”, pues es esta conducta en verdad la que predetermina o altera fraudulentamente el resultado de cualquier competición, dado que el motivo de participar en ellas es – como no podía ser de otra manera– alzarse con la victoria.

El pasado jueves 20 de abril, se celebró en el Restaurante “El Churra” una jornada sobre juego dentro de los “Desayunos EXPOJOC”.

Dicho encuentro contó con la participación de destacados representantes del sector del juego tanto de la Región de Murcia como de la provincia de Alicante. El equipo de Axium también estuvo presente.

La noticia completa aquí.