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El pasado miércoles 23 de Mayo se realizó la sesión informativa sobre el nuevo Reglamento de Protección de Datos para las empresas que están dentro de la asociación empresarial FEJBA.

La Jornada estuvo dirigida por Miguel Ángel Blanes, director de Axium Consulting.

 

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El próximo 23 de Mayo tendrá lugar en el Hotel Meliá Madrid Serrano una sesión formativa para las empresas que forman parte de la asociación FEJBA.

El curso será impartido por Miguel Ángel Blanes, socio-director de Axium Consulting y versará sobre la incidencia de la nueva normativa en Protección de Datos en las salas de juego y en los Programas de Prevención del Blanqueo de Capitales, necesarios para cumplir con la legalidad vigente.

 

 

Artículo escrito por Lina Bernabé, responsable del área de Prevención del Blanqueo de Capitales de Axium Consulting.

Recientemente han sido publicadas en el BOE la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, y la Orden JUS/318/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueba el nuevo modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación. Ambas Órdenes entraron en vigor el día siguiente de su publicación, y resultan de aplicación para la presentación de las cuentas anuales del ejercicio 2017, salvo para compañías que hayan aprobado y efectuado el depósito de sus cuentas anuales en el Registro Mercantil competente con anterioridad a la entrada en vigor de esta nueva normativa (28 marzo de 2018).

La principal novedad en la información que se debe presentar en el Registro Mercantil está motivada por la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y se centra en un nuevo formulario en el que debe manifestarse la «identificación del titular real de la sociedad».

Esta Directiva, cuyo plazo de transposición finalizó el 26 de junio de 2017, en su artículo 30.3 estableció que «Los Estados miembros se asegurarán de que la información (…) sobre la titularidad real se conserve en un registro central en cada Estado miembro, por ejemplo un registro mercantil o un registro de sociedades (…) o en un registro público».

Dada la finalización del plazo para la transposición del citado artículo y como consecuencia del llamado «efecto útil» de las Directivas, ha parecido conveniente implementar un nuevo formulario en el que las sociedades, en el momento de presentar a depósito sus cuentas anuales en el Registro Mercantil, hagan la declaración acerca del titular real.

No supone una nueva obligación general para todas las sociedades, pues solo deberán cumplimentarlo aquellas que tengan una titularidad real a favor de personas físicas, de forma directa o indirecta, de más del 25% de su capital social, pudiendo, en cuanto a los llamados titulares asimilados, remitirse a los libros del propio Registro Mercantil. En ejercicios sucesivos dicho formulario solo deberá ser cumplimentado si se han producido cambios en la titularidad real. De la declaración debidamente depositada, se dará la publicidad prevista en el artículo 30.3 de la Directiva, con sujeción, en su caso, a las normas sobre protección de datos de carácter personal.
Se entiende por «titular real» a la «persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica». Si el control es indirecto por medio de una persona jurídica deberá indicarse la identidad de esta.

Es fundamental en los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y financiación de terrorismo, saber quiénes son las personas físicas que están realmente detrás de las transacciones que son objeto de análisis por parte de los sujetos obligados a aplicar la normativa preventiva.

El pasado martes, 10 de abril, se celebró el III Foro Nacional del Bingo en la ciudad de Logroño.

Miguel Ángel Blanes, socio-director de Axium Consulting, participó en el evento y moderó una de las mesas, concretamente la que llevaba como título “Necesidades para una oferta global del ocio en las Salas de Bingo”.

El resumen del coloquio se puede consultar en la web de Infoplay.

Artículo de Pedro Guirao, abogado en Axium Consulting y publicado originalmente en Sectordeljuego.

Las particularidades que hay en torno al Sector del Juego y el tinte proteccionista que la legislación ha tomado en los últimos decenios ha ocasionado que la legislación estatal y autonómica establezcan prohibiciones para impedir que determinados colectivos puedan participar de los juegos de azar, entre los que encontramos a los menores de edad, a los inscritos en el Registro de Prohibidos o a los deportistas con respecto a los eventos en los que participen, por citar los casos más conocidos. Las razones para ello son múltiples, y aunque no son objeto de este artículo es fácil intuir que abarcan desde la prevención de la adicción al juego en los menores, pasando por contribuir a la rehabilitación de los ciudadanos afectados por las alteraciones derivadas de la ludopatía, hasta la tutela del desarrollo de los eventos deportivos bajo las normas de fair play, entre otras.

A partir de ahí, como es lógico, la normativa de desarrollo obliga a que en los Salones de Juego se produzca la identificación de los individuos que acceden a los mismos, ello a los efectos de llevar a buen término esta política a la que antes se hacía referencia. En ese sentido, la legislación establece la necesidad de que exista un servicio de recepción que exija la identificación de los usuarios.

Sentado ello, y sin desmerecer los altos intereses que la normativa busca salvaguardar, conviene descender a la realidad y constatar que los Salones de Juego no son lúgubres pozos de vicio y perversión –imagen que una parte de la Sociedad posee– sino lugares de encuentro de amigos que quedan para ver competiciones deportivas, locales donde la gente va a desayunar o merendar porque muchos cuentan con un servicio de hostelería de primer nivel, etc. y finalmente sí, efectivamente, sitios donde la gente, además, realiza apuestas y practica juegos de azar. En definitiva, que en muchas ocasiones los Salones de Juego cuentan con clientes de lo más habitual y reconocible, como muchos otros establecimientos.

Pues bien, a raíz de recientes pronunciamientos de los tribunales convendría que las Administraciones tuvieran realmente en cuenta este estado de cosas y, sin dejar de poner celo en la preservación de los altos intereses que con las prohibiciones subjetivas se tutelan, interpretaran las normas de una forma integradora y acorde con la realidad efectiva. Digo ello porque desde mi punto de vista sería un error que los agentes de las Brigadas de Juego en sus inspecciones de incógnito a los Salones de Juego se apresuraran a levantar Acta de Infracción en cuanto a alguien no se le pida su Documento Nacional de Identidad, ello sin mayor reflexión. Creo que el razonamiento que realiza al respecto la Sentencia nº 70/2017, de 29 de marzo, del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 1 de Zaragoza –que revoca una sanción a un Salón de Juego por no pedir el DNI a un usuario– lo explica mucho mejor de lo que podría hacerlo yo: “De este modo, no cabe descartar que la identificación se hubiera producido por notoriedad, mediante una aplicación analógica de la legislación notarial. A favor de esta posibilidad, se encuentra la existencia de una de las llamadas tarjetas de fidelización a su nombre, cuya copia fue aportada en vía administrativa. Es verdad que, en la resolución de la Sra. Jefe de Servicio, se pretende justificar que la identificación se realice a través del Documento Nacional de Identidad (ya que es “el documento público que contiene los datos de identificación personal e inequívoca de los ciudadanos, emitido por un empleado público y con autoridad competente, que permite al ciudadano identificarse para cualquier ámbito de la sociedad”), pero lo cierto es que no se ha reseñado precepto alguno de la normativa sancionadora que impida realizar el control de identidad sin esa documentación oficial. De hecho, el encargado manifestó en el momento de la denuncia que se había producido la identificación sin necesidad de que exhibiera la documentación oficial, ya que era cliente habitual y que se habían comprobado sus datos en el REJUP”.

Y es que es importante subrayar que las Administraciones parecieran asociar la necesaria identificación de los usuarios con la solicitud continua del DNI, lo cual no es exigido en muchas ocasiones por la normativa, pues ni la murciana ni la aragonesa lo hacen, por ejemplo. Conviene resaltar que no se trata el citado de un pronunciamiento judicial aislado, pues en el mismo sentido resuelve la Sentencia nº 173/2017, de 4 de julio, del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 2 también de Zaragoza, cuando dice: “Al respecto, la necesidad de identificación con documento fehaciente no se exige en la norma, y puede ser realizada de otro modo.”

Se puede argumentar, de contrario, que la identificación a través de DNI es la única forma de verificar, efectivamente, que el usuario en cuestión no se inscribió en el Registro de Prohibidos el día anterior. Este apunte no se le pasó por alto a los jueces al resolver, pues consta en la primera Sentencia, por ejemplo, la reflexión de la Administración al respecto: “El hecho de calificar el actor al cliente como ‘habitual’ no le exime de la obligación […] de solicitar su identificación, a los efectos de […] velar por la efectividad de impedir el acceso al local de juego a un ‘cliente habitual’ que con carácter previo hubiera solicitad su inscripción en el Registro de Prohibidos”. A pesar de ello, la Sentencia revocó la sanción igualmente.

Y es que si la Administración quiere que la identificación se produzca a través de DNI lo cierto es que así debe exigirlo la normativa. Mientras tanto, existen otras formas de identificar a los usuarios que, en el caso de los clientes habituales, si se prueba debidamente y bajo determinadas circunstancias, puede conllevar que la sanción se revoque en vía jurisdiccional, especialmente si se comprueba que los mismos efectivamente no se habían inscrito con anterioridad en el Registro de Prohibidos.

Hecha esta reflexión, si los Salones de Juego realizan la identificación de los usuarios a través de documento fehaciente en todo caso, momento y circunstancia, eliminaran cualquier margen de error o interpretación, por razones lógicas.

Desde el año 1993, España ha incorporado a su ordenamiento jurídico medidas legislativas tendentes a la implantación de procedimientos de prevención del blanqueo de capitales, que incorpora a la regulación nacional la política internacional coordinada en este ámbito, tanto en la UE, como a través del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Estas normas son las que han servido de motivación a la modificación propuesta en el anteproyecto de Ley de modificación de la vigente Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (año 2010), actualmente en fase de exposición pública, modificación que también permitirá llevar a cabo ajustes y mejoras en la norma, derivados de la experiencia de su aplicación en sus casi 8 años de vigencia.

Analizaremos algunas de las modificaciones que incorpora el anteproyecto de Ley respecto de la norma actualmente vigente, dejando apuntado que su tramitación parlamentaria puede suponer notables cambios en el contenido del anteproyecto ahora analizado.

  1. Cambios en el régimen sancionador. Este régimen se adapta a la normativa UE, más duro que el actual. Se incrementan los importes máximos de las sanciones (la multa máxima por comisión de infracciones muy graves pasa del 5% del patrimonio neto al 10%, o de 1,5 millones de euros a los 5 millones), y se endurece el régimen aplicable a las personas con responsabilidad pública, considerando a todas las personas que ostenten dichas responsabilidades de alto riesgo.
  2. Incorporación de nuevos sujetos obligados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales y nuevas obligaciones formales, como las plataformas de financiación participativa o las sociedades gestoras de fondos de titulización, por su elevado perfil de riesgo. Crea la obligación de registro de los prestadores de determinados servicios a sociedades que deberán inscribirse de forma obligatoria en el Registro Mercantil competente por razón de su domicilio. E incrementa las obligaciones de las empresas de juego, que se extienden a toda su actividad. Incorpora dentro del concepto de sujetos obligados a las sociedades que sean la dominante en un grupo de empresas, que incluya dos o más entidades que lleven a cabo actividades sometidas a estas obligaciones impuestas por la Ley. Esta nueva incorporación va a suponer una notable ampliación de los sujetos obligados a implantar los procedimientos de prevención. Y se refuerzan las medidas a aplicar por parte de los sujetos obligados en sus relaciones con los países que presenten deficiencias estratégicas en sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  3. Desde la modificación del Código Penal del año 2015, se ha producido una creciente regulación que impone a las empresas la implantación de procedimientos preventivos. Esto afecta tanto a los procedimientos de prevención de delitos (programas de compliance), como a la protección de datos y, ahora, a la prevención del blanqueo de capitales. Este anteproyecto presta especial atención a la interacción entre las normas de protección de datos y de prevención del blanqueo de capitales. Obliga al establecimiento de los canales de denuncias, tanto públicos, como en el ámbito de los propios sujetos obligados de la Ley, que deberán contar con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la Ley o a los procedimientos internos de la entidad aprobados para dar cumplimiento a aquélla.

En todo caso, sería deseable que el legislador realizara un esfuerzo de realismo para que todo el ejercicio preventivo que se impone a las empresas, tanto en el ámbito del compliance penal, como en la protección de datos y el blanqueo de capitales, afectados por la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pudiera ser coordinado en un único órgano de la empresa, que operara como garante del cumplimiento normativo en sentido extenso. Que tengan que coexistir un ‘compliance officer’, un delegado de protección de datos y un representante ante el SEPBLAC en  las estructuras de las pymes, no parece asumible ni en términos de organización ni de costes.

Miguel Ángel Blanes Pascual ha escrito este artículo originalmente en la web ValenciaPlaza.com

Artículo originalmente publicado en la revista digital SectordelJuego por Pedro Guirao, abogado de Axium Consulting.

A pesar de que son varios los delitos que pueden cometerse vinculados al Sector del Juego, la gran mayoría de ellos no dejan de ser tipos penales que pueden aparecer en mayor o menor medida en cualquier esfera empresarial, ello con una excepción; la previsión recogida en el artículo 286 quater en relación con el artículo 286 bis del Código Penal. En la concordancia de esos dos artículos aparece la única tipificación expresa en el ordenamiento penal español de una conducta que, por definición, únicamente puede ser cometida en la órbita del Sector del Juego; la corrupción en el deporte con la finalidad de influir en el desarrollo de juegos de azar o apuestas.

El delito se encuentra dentro de la Sección del Código Penal destinada a la corrupción en los negocios y castiga a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva y a los deportistas, árbitros o jueces respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva. A este respecto, las pruebas, encuentros o competiciones deportivas tendrán especial relevancia económica cuando la mayor parte de los participantes perciban cualquier tipo de retribución, compensación o ingreso económico por tomar parte de ellas, y poseerán especial relevancia deportiva cuando sean calificadas en el calendario deportivo anual aprobado por la federación deportiva correspondiente como competición oficial de la máxima categoría de la modalidad, especialidad o disciplina que se trate.

Es en el tipo agravado de esa conducta donde encontramos la conexión expresa con el Sector, pues el Código Penal le atribuye “especial gravedad” a los comportamientos descritos en el párrafo anterior cuando tengan como finalidad “influir en el desarrollo de juegos de azar o apuestas”. Cuando ello suceda, el legislador pide a los jueces la imposición de la pena prevista para esos delitos en su mitad superior o, incluso, superior en grado. Conviene tenerlo en cuenta en la medida en que la pena para el tipo básico es de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja.

Esta previsión se incorporó al Código Penal con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, por lo que hasta ese momento no existía ninguna precisión en la que se mentara de forma específica al Sector en nuestra norma penal.

La valoración de esta introducción no es negativa para el Sector, más bien al contrario, y es que el Derecho Penal no está únicamente para darnos sustos, sino también para protegernos. Con independencia de las objeciones técnicas que se puedan tener al respecto, lo cierto es que se trata de una herramienta que puede ser muy eficaz para proteger al Sector de los abusos que tradicionalmente han rodeado al mundo de las apuestas deportivas, de los que son notorios los casos más flagrantes de corrupción, que no solo han sido noticia en el Sector sino que han tenido un alcance más global, dada la importancia y relevancia social que tienen los eventos deportivos, como bien recuerda el Dictamen del Consejo de Estado nº 1404/2009, de 29 de octubre de 2009.

Además, el legislador no deja nada en el tintero, pues establece el delito como de simple actividad, lo cual quiere decir que no se exige el concreto resultado deportivo –por lo que la mera conducta corrupta es ya delictiva– y prevé también la posibilidad de que el delito sea también cometido por una persona jurídica, tal y como recogen los artículos 31 bis y 288 del Código Penal, lo que conlleva una serie de consecuencias que no deben escapárseles a las empresas en la órbita del Sector, en línea de lo que subrayé en esta misma página cuando hablé de los bingos y el delito de contrabando en los programas de compliance.

Hablando del legislador en ese artículo comentaba también que las necesidades de prevención de riesgos penales no se extendían al sector público. En línea con ello hay que subrayar con respecto a este delito que las conductas que sanciona pueden ser, en el plano fáctico, cometidas por personas y entidades que no pertenezcan al sector privado, pero debido a la configuración del tipo penal sus eventuales actuaciones quedarían fuera de la reacción penal creada, como también recuerda el Dictamen del Consejo de Estado antes referido.

Para terminar conviene hacer un poco de pedagogía con respecto a la confusión que habitualmente existe en relación con las conductas que abarcan estos llamados fraudes deportivos. Para ello hay que poner el acento en el verbo típico del delito, que no es otro que “predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta”, lo que nos indica que cuando se prime a alguien exigiéndole un mayor rendimiento no será de aplicación el delito, pues con esa prima ni se predetermina ni se altera el resultado de ninguna prueba o competición. Por la misma razón, tampoco lo será cuando lo que se haga sea premiar un resultado a posteriori. En consecuencia, el horizonte típico viene determinado por que se prime a alguien exhortándole a que se “deje ganar”, pues es esta conducta en verdad la que predetermina o altera fraudulentamente el resultado de cualquier competición, dado que el motivo de participar en ellas es – como no podía ser de otra manera– alzarse con la victoria.

El pasado jueves 20 de abril, se celebró en el Restaurante “El Churra” una jornada sobre juego dentro de los “Desayunos EXPOJOC”.

Dicho encuentro contó con la participación de destacados representantes del sector del juego tanto de la Región de Murcia como de la provincia de Alicante. El equipo de Axium también estuvo presente.

La noticia completa aquí.

El pasado viernes 10 de marzo, se celebró en Sevilla el 2º Foro Nacional del Bingo y que contó con la presencia de Miguel Ángel Blanes, socio-director de Axium Consulting.

Los medios online especializados han hecho un resumen de las mesas-debate y las demás intervenciones:

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El próximo 10 de Marzo se celebrará en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla el 2º Foro Nacional del Bingo, organizado de manera conjunta por la Federación de Empresas de Juego del Bingo (FEJBA) y la Confederación Española de Organizaciones de Empresarios del Juego del Bingo (CEJ).

Dicho evento contará con la presencia de Miguel Ángel Blanes, socio-director de Axium Consulting en una de sus mesas-coloquio.

Bajo el título de “Hacia un nuevo modelo”, el Foro de la ciudad hispalense será una oportunidad para dilucidar el futuro del Sector, y, por ello, se han establecido 2 partes: la primera, “Perspectiva e inquietudes del Sector” contará con la presencia de responsables de las Administraciones públicas y diferentes empresarios del sector del juego; y una segunda mesa “Antes y después; desarrollo y progreso del Juego y su Normativa” en la que intervendrán ex-responsables de la Administración en materia de juego. En esta segunda mesa estará interviniendo Miguel Ángel Blanes, en calidad de Ex Director General de Tributos de la Región De Murcia.

Aquí el tríptico del Programa .